Las recientes mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaron un marcado empeoramiento en el panorama social en Catamarca. De acuerdo con el relevamiento correspondiente al primer semestre de 2026, la pobreza en el conglomerado urbano alcanzó a 89.000 personas, lo que representó un incremento interanual de 9.188 nuevos pobres respecto de los 79.812 registrados en septiembre del año anterior, exponiendo la vulnerabilidad de las familias frente al encarecimiento del costo de vida.
El deterioro de los ingresos familiares impactó directamente en el número de hogares que no logran cubrir la canasta básica total. Las cifras oficiales arrojaron que las viviendas bajo la línea de pobreza pasaron de 18.410 a 22.000 en apenas doce meses, consolidando un salto de 3.590 unidades familiares que perdieron la capacidad de solventar bienes y servicios elementales en el Valle Central y sus áreas de influencia directa.
La gravedad del escenario se acentúa en el segmento más vulnerable con un salto alarmante en las tasas de indigencia. El organismo estadístico precisó que la población sin recursos para costear la canasta básica alimentaria trepó a 20.000 personas, sumando 2.870 nuevos indigentes frente a los 17.130 contabilizados en 2025; paralelamente, los hogares en situación de indigencia estricta escalaron de 4.070 a 5.000 en el mismo lapso de análisis.
El balance adverso en la provincia superó la tendencia nacional, que ya marcaba una pauta del 32,3% de pobreza en los principales aglomerados del país. Este retroceso de los indicadores socioeconómicos se entrelaza de forma directa con los informes del Banco Central, que ubicaron a la plaza provincial entre las cinco jurisdicciones con mayor índice de morosidad, registrando más de un 22% de deudores en mora por montos mínimos de subsistencia.
Inflación de alimentos y fuertes cuestionamientos a Raúl Jalil
El salto en los indicadores de indigencia desató severos cuestionamientos hacia el gobernador Raúl Jalil. Diversos sectores sociales, dirigentes gremiales y asambleas barriales fustigan que el Ejecutivo provincial convalide discursos de crecimiento y desarrollo sustentados en la actividad extractiva minera, mientras la economía real de los asalariados y cuentapropistas sufre un proceso de empobrecimiento sistemático que el Ministerio de Desarrollo Social no logra mitigar con programas de asistencia directa.
A estas críticas se suma la falta de políticas locales efectivas para contener la destrucción del poder adquisitivo. Colectivos comunitarios señalan la contradicción de una administración que otorga subsidios y exenciones a grandes corporaciones mientras las familias catamarqueñas caen masivamente por debajo de las líneas de subsistencia, en un contexto agravado por la pérdida de puestos formales en el comercio minorista y la caída en la actividad industrial manufacturera.
Los números aportados por las estadísticas oficiales ratifican la profunda crisis que atraviesa el panorama social en Catamarca. Con más de 9.000 personas empujadas a la pobreza en el último año y comedores comunitarios desbordados por la emergencia alimentaria, organizaciones sindicales y políticas exigen al Poder Ejecutivo provincial una revisión integral de sus prioridades presupuestarias para brindar contención urgente a los sectores más postergados del distrito.
