La presión comunitaria forzó la suspensión de la consulta pública vinculada al proyecto de litio en Catamarca. Vecinos autoconvocados de la Sierra de Ancasti y el departamento El Alto presentaron una impugnación administrativa ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), denunciando que las autoridades provinciales ocultaron el cronograma y fijaron audiencias sin garantizar la difusión necesaria en las localidades directamente afectadas por las futuras exploraciones extractivas.
La portavoz vecinal Luciana Fernández confirmó que los pobladores tomaron conocimiento de las fechas de forma accidental. Al acudir a la sede de la DIPGAM, constataron la existencia de una resolución firmada el 14 de septiembre que definía el cronograma de participación ciudadana, pero cuya publicación formal se omitió en los canales de comunicación locales, impidiendo que las familias de la comarca pudieran interiorizarse sobre el impacto de las tareas proyectadas sobre el territorio.
La controversia se centra en la etapa dos de la iniciativa adjudicada a la empresa Litios del Norte S.A., orientada a ejecutar perforaciones profundas en el subsuelo montañoso. Los pobladores advierten con suma inquietud que los puntos de sondeo diagramados por la operadora coinciden con nacientes de vertientes hídricas esenciales y zonas bajo amparo de la ley de bosques nativos, arriesgando fuentes de agua fundamentales para la producción agropecuaria tradicional.
Ante el pedido de nulidad y la exposición de irregularidades en el procedimiento administrativo, el Ministerio de Minería debió retroceder y cancelar las actividades previstas, entre ellas la charla técnica fijada para este miércoles. La cartera provincial reconoció formalmente que el cronograma deberá ser reprogramado por completo, abriendo unCompromiso forzado de adecuación legal frente a una comunidad que exige transparencia y respeto a sus derechos básicos.
Maniobras oficiales y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
El intento de acelerar permisos extractivos sin participación social reactivó duros cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversas organizaciones socioambientales fustigan que el Ejecutivo provincial recurra a mecanismos administrativos opacos para beneficiar a corporaciones mineras, mientras en simultáneo el gobernador promociona inversiones en foros internacionales a espaldas de las poblaciones rurales que sostienen el equilibrio ecológico de las sierras.
A esta falta de difusión se suma la contradicción entre las promesas de desarrollo sustentable y la ausencia de auditorías previas e independientes en el este catamarqueño. Representantes vecinales remarcan que el área minera avanza sobre cuencas hídricas críticas sin haber presentado estudios hidrológicos concluyentes, evidenciando una complicidad estatal que busca consumar etapas exploratorias antes de que las asambleas puedan articular una resistencia formal informada.
La postergación del proceso en El Alto expone las fallas sistemáticas que rodean al proyecto de litio en Catamarca. Con comunidades rurales alertas, nacientes fluviales bajo amenaza de perforación y organismos provinciales que deben rectificar sus resoluciones ante el reclamo ciudadano, la sociedad exige al Poder Ejecutivo provincial garantías de consulta previa vinculante y la paralización definitiva de cualquier avance sobre reservas naturales protegidas.
