La seguidilla de hechos delictivos y situaciones de riesgo en la vía pública encendió una profunda alarma sobre la seguridad en Catamarca. En las últimas jornadas, la proliferación de fraudes informáticos, el incremento de asaltos ligados al transporte clandestino y graves amenazas contra funcionarios judiciales expusieron un cuadro de desprotección que golpea de lleno tanto a la ciudadanía común como a las instituciones provinciales.
Uno de los flancos más críticos se manifestó a través de las estafas virtuales desplegadas en plataformas digitales. La División Ciberdelitos de la Policía provincial alertó sobre falsas convocatorias laborales en redes sociales utilizadas para sustraer datos personales y vaciar cuentas bancarias, evidenciando cómo organizaciones criminales operan con total libertad técnica aprovechando la necesidad económica de los vecinos sin que existan operativos de ciberpatrullaje preventivo.
A este escenario digital se sumó el reclamo urgente de taxistas y remiseros tras un trágico siniestro en avenida Illia, a escasos metros de Protección Ciudadana. El sector del transporte formal denunció que los servicios de motovehículos por aplicación operan bajo un vacío regulatorio absoluto y advirtió sobre la reiteración de robos callejeros armados y situaciones extremas donde pasajeras debieron arrojarse de rodados en movimiento para evitar ser asaltadas.
El avance de la violencia alcanzó además al propio ámbito tribunalicio, donde dos fiscales de instrucción penal recibieron intimidaciones directas en el marco de investigaciones por causas sensibles. La carencia de custodias efectivas y protocolos de blindaje institucional dejó al descubierto que los encargados de perseguir el delito trabajan en condiciones de marcada precariedad, desnudando la insuficiencia operativa de las fuerzas de seguridad dependientes del Ejecutivo.
Desamparo institucional y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La reiterada falta de patrullaje y recursos preventivos reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios e institucionales fustigan la pasividad del Ministerio de Seguridad provincial para articular operativos de prevención en el territorio, remarcando la contradicción de anunciar modernizaciones mientras las guardias urbanas no fiscalizan las calles ni frenan la escalada delictiva que sufren los barrios.
A esta debilidad operativa se añade la carencia de respuestas de fondo frente a la violencia intrafamiliar y social. Casos recientes de menores agredidos en sus hogares sin intervención cautelar oportuna demuestran que las redes de contención policial y judicial no logran actuar con celeridad, tolerando un esquema burocrático que llega tarde cuando los episodios delictivos ya provocaron daños irreversibles sobre las víctimas.
La convergencia de fraudes económicos, violencia callejera y amedrentamiento judicial confirma el desgaste de la seguridad en Catamarca. Con trabajadores del volante en alerta, dependencias investigativas desbordadas y vecinos expuestos al delito cotidiano, la sociedad exige al Poder Ejecutivo provincial medidas estructurales urgentes e inversión genuina en equipamiento para frenar la impunidad en toda la provincia.
