La seguidilla de hechos delictivos contra propiedades privadas y comercios visibilizó el avance de la inseguridad en Catamarca bajo la gestión de Raúl Jalil. En una sola jornada, episodios de gravedad registrados en el centro y las barriadas capitalinas confirmaron el estado de vulnerabilidad patrimonial que padecen tanto vecinos como comerciantes en Catamarca.
Uno de los hechos de mayor impacto económico tuvo como damnificado a un jubilado de 80 años en una vivienda ubicada en el pasaje Madueño al 100. En ese domicilio, una empleada doméstica fue imputada e indagada por la Justicia tras detectarse el hurto progresivo de una suma estimada en $50 millones, botín que habría sido utilizado para adquirir motocicletas de alta gama y teléfonos celulares de última generación.
A esta sustracción continuada se sumó un nuevo ataque contra locales mercantiles en la intersección de la avenida Güemes Oeste y calle Misiones. En ese punto, un delincuente destrozó el blíndex de ingreso del Frigorífico Avícola Nicola para sustraer cerca de $100.000 de la caja registradora, provocando daños materiales cuyo costo de reposición supera ampliamente el efectivo hurtado.
La seguidilla de ilícitos en la Capital incluye antecedentes inmediatos de extrema gravedad, tales como el robo de $48 millones en una distribuidora céntrica y atracos perpetrados a tan solo 50 metros de la Corte de Justicia. Estas maniobras reiteradas exponen la facilidad con la que operan los malvivientes tanto en modalidades de vaciamiento patrimonial como en violentos ataques directos contra vidrieras comerciales.
Desprotección en las calles e inseguridad en Catamarca
La falta de prevención en las arterias comerciales y zonas residenciales reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y mercantiles fustigan que el Ministerio de Seguridad no garantice cuadrantes de patrullaje efectivos en las avenidas periféricas ni controles preventivos que protejan a los vecinos mayores frente a despojos delictivos de cifras millonarias.
A este déficit de vigilancia se añade la contradicción entre los discursos oficiales de modernización en seguridad y el desamparo cotidiano que afrontan los contribuyentes. Los pequeños comerciantes remarcan que deben asumir el costo de reponer vidrieras y contratar servicios privados de alarma para trabajar, mientras la respuesta estatal se limita a pericias posteriores ejecutadas por las unidades judiciales de turno.
La acumulación de causas por daños y robos millonarios confirma el impacto social de la inseguridad en Catamarca. Con jubilados despojados de sus ahorros de toda la vida y propietarios mercantiles que afrontan pérdidas constantes, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial un rediseño operativo integral que garantice presencia policial permanente y devuelva la tranquilidad a las familias catamarqueñas.
