Una investigación judicial por maniobras delictivas continuadas derivó en la indagatoria formal tras el robo de $50 millones a un jubilado en Catamarca. El hecho damnificó a un hombre de 80 años en una vivienda ubicada sobre el pasaje Madueño al 100, en el ámbito de la Capital de Catamarca.
La imputada fue identificada como Sofía Yamile Gómez Morales, quien cumplía tareas de servicio doméstico en la propiedad del damnificado. La pesquisa determinó que las sustracciones se ejecutaron bajo la modalidad de hurto sistemático a lo largo de aproximadamente un mes, aprovechando la confianza y la vulnerabilidad de la víctima para retirar sumas escalonadas sin despertar sospechas inmediatas.
El damnificado detectó el cuantioso faltante y radicó la denuncia penal correspondiente, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal. A partir de las pruebas reunidas, se ordenaron allanamientos donde se secuestró dinero en efectivo, un teléfono iPhone 16 y dos motocicletas, una Honda XR 300 y una Honda Wave, bienes que habrían sido adquiridos con el botín.
Tras concretarse su arresto inicial, la acusada compareció ante la fiscal subrogante Jésica Miranda para prestar declaración indagatoria por el delito de hurto. Pese al perjuicio económico y al secuestro de los rodados de alta gama, la Justicia resolvió concederle la libertad ambulatoria, manteniéndola supeditada al avance de las pericias patrimoniales en curso.
Desprotección de adultos mayores y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La reiteración de delitos patrimoniales contra personas de la tercera edad reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ejecutivo provincial no articule programas de tutela jurídica y acompañamiento integral para la ancianidad, tolerando que jubilados queden desamparados frente a fraudes y despojos económicos dentro de sus propios hogares.
A esta vulnerabilidad se añade la contradicción entre los discursos institucionales de contención social y la desprotección judicial que padecen los adultos mayores. Familiares y jubilados autoconvocados remarcan que la concesión de libertades inmediatas a acusados de estafas millonarias desalienta las denuncias, dejando desprotegidos los ahorros de toda una vida frente a vaciamientos patrimoniales que no reciben un castigo proporcional.
El caso del pasaje Madueño expone la fragilidad de los adultos mayores ante este robo de $50 millones a un jubilado en Catamarca. Con peritajes bancarios ordenados para rastrear el origen de los bienes incautados y la damnificación económica acreditada en el expediente, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial promover normativas rigurosas que sancionen el abuso de confianza y blinden el patrimonio de los jubilados catamarqueños.
