La agenda oficial desplegada en el exterior puso nuevamente de manifiesto una profunda contradicción entre el discurso de desarrollo y la realidad del mercado laboral local. Mientras la gobernación promociona oportunidades de inversión en el exterior y líneas de financiamiento subsidiado, dirigentes sociales y sindicales fustigan que los anuncios no detienen la destrucción de puestos de trabajo ni benefician a las pymes, desgastando la imagen de Raúl Jalil en Catamarca.
El contraste quedó expuesto tras confirmarse las gestiones del Ejecutivo en Australia para atraer inversores al sector minero y la posterior oferta de créditos al 18% anual para proveedores. Sin embargo, la dirigencia social cuestionó que mientras se otorgan facilidades financieras a grandes corporaciones, la economía interna padece el cierre de empresas en el predio El Pantanillo y la pérdida de fuentes laborales en Catamarca.
Asimismo, la difusión de las cifras oficiales que informaron la creación de 515 puestos privados registrados desató duras objeciones. Referentes de la oposición refutaron que las estadísticas reflejen una recuperación real, denunciando que las contrataciones informadas resultan insignificantes frente al cierre de entre ocho y diez fábricas en el territorio provincial.
A la parálisis de la actividad industrial se suma la crisis en el sector de la construcción, donde la UOCRA llegó a registrar un piso crítico de 3.000 trabajadores desocupados. La dirigencia sindical advirtió que la necesidad social en los departamentos Belén y Santa María desborda la contención estatal, obligando a coordinar planes de contingencia con los municipios.
Exigencias de transparencia y crecientes reclamos de los sectores productivos
El malestar abarca también al sector minero del interior, donde los proveedores locales agrupados en CAPROMITI criticaron la falta de respuestas tras frustradas mesas de mediación. Cuestionan que las multinacionales mantengan contratos precarios y utilicen mano de obra extranjera, mientras las pymes catamarqueñas apenas logran utilizar el 20 por ciento de su capacidad operativa.
De igual modo, la controversia salpicó la administración de los fondos públicos tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por un desfasaje de $3.251 millones en las regalías mineras. Legisladores de la oposición fustigaron la falta de transparencia en la rendición de cuentas e intimaron a las autoridades a precisar el destino de los recursos correspondientes a los municipios productores.
La acumulación de reclamos fabriles, la paralización de obras y las sospechas sobre el manejo presupuestario mantienen en estado de alerta al arco político y social. Ante la falta de respuestas concretas en las calles, la comunidad exige explicaciones sobre el impacto real de las políticas promovidas por Raúl Jalil en Catamarca.
