El esquema de fiscalización sobre la extracción de recursos naturales en la provincia volvió a quedar en el centro de la controversia. Organizaciones comunitarias, legisladores opositores y especialistas del sector productivo renovaron sus duras críticas hacia el Poder Ejecutivo por la falta de auditorías independientes que verifiquen el volumen de producción y el valor real de las exportaciones declaradas por las empresas de la minería en Catamarca.
Los principales cuestionamientos se centran en el sistema de liquidación de regalías e impuestos provinciales, el cual se basa en las declaraciones juradas presentadas por las propias firmas operadoras. Desde los sectores críticos advierten que la provincia no cuenta con laboratorios estatales de alta complejidad ni balanzas públicas en los yacimientos de la Puna para certificar la cantidad de litio y minerales valiosos que se procesan a través de la minería en Catamarca.
A esta falta de controles en origen se suma la escasa transparencia en la asignación de los fondos del fideicomiso minero destinados a las comunidades del interior. Vecinfos de los departamentos del oeste provincial denunciaron que los recursos millonarios que deberían financiar obras de agua, salud y conectividad no se traducen en mejoras tangibles para las poblaciones cercanas a los proyectos de la minería en Catamarca.
Frente a esta opacidad institucional, referentes parlamentarios exigieron al Ministerio de Minería la creación de un organismo de contralor autónomo con participación universitaria. Reclaman la publicación mensual de los informes de exportación y la revisión integral de las licencias otorgadas en Catamarca.
Falta de fiscalización y reclamos comunitarios por la minería en Catamarca
Las principales observaciones de los bloques legislativos apuntan a la inacción de la gestión del gobernador Raúl Jalil. Cuestionan que la administración central priorice el otorgamiento de beneficios fiscales a las transnacionales en lugar de fortalecer la capacidad de auditoría del Estado provincial en Catamarca.
De igual manera, representantes de las economías regionales reprocharon la asimetría entre las cuantiosas ganancias corporativas y el estancamiento socioeconómico de los municipios del interior. Criticaron que el Ministerio de Economía mantenga esquemas de fiscalización pasivos mientras persisten deficiencias en los servicios públicos de Catamarca.
El reclamo por una fiscalización efectiva de los recursos naturales mantiene en alerta a las comunidades cordilleranas. Ante la continua expansión de la frontera extractiva, la sociedad civil exige auditorías públicas obligatorias en Catamarca.
