Una seguidilla de ilícitos registrados durante las últimas horas expuso la vulnerabilidad de las barriadas y la ineficacia preventiva de la seguridad en Catamarca. Desde establecimientos educativos vulnerados en el este provincial hasta desarmaderos clandestinos detectados en pleno Valle Central, los hechos delictivos confirmados por la propia fuerza policial revelan que el delito común avanza con facilidad ante un esquema estatal que reacciona tarde frente a las denuncias de los vecinos damnificados.
El desamparo institucional alcanzó a la comunidad de Los Altos, donde dos sujetos irrumpieron en el predio de la Escuela Primaria N° 378 para sustraer artefactos de vigilancia. El insólito robo de una cámara de seguridad dentro de las instalaciones obligó a las autoridades escolares a solicitar colaboración a los pobladores para intentar identificar a los responsables mediante el SAE 911, exhibiendo la carencia de serenos fijos y patrullajes en los corredores educativos del interior.
En simultáneo, la circulación de delincuentes con pedidos de captura activos en la capital provincial puso de relieve la fragilidad de los controles en horarios nocturnos. Durante la madrugada, motoristas del COEM-Kappa demoraron en la zona sur a un sujeto de apellido Olmedo que presentaba requerimiento de paradero librado por el Juzgado de Ejecución N° 1, quien se encontraba trasladando computadoras y equipos de comunicación handies sustraídos en otra jurisdicción. A este escenario se suma el circuito clandestino de sustracción de rodados que golpea a los departamentos Capital y Valle Viejo.
Desarmaderos domésticos, retenes punitivos y la orfandad en las calles
Mientras las bandas delictivas desmantelan motovehículos sin obstáculos en domicilios residenciales, la respuesta del Gobierno provincial se reduce a retenes de saturación centrados en la retención administrativa. En operativos simultáneos desplegados en ocho seccionales, la Policía arrestó a quince personas e incautó catorce motos por contravenciones de tránsito, un esquema cuestionado por frentistas al actuar con afán punitivo sobre trabajadores mientras las redes de sustracción operan con impunidad.
La problemática se agrava por el incremento de pedidos de paradero de adolescentes advertido por la División Trata de Personas, sumado a grescas mortales como la ocurrida en Corral Quemado que se cobró la vida de un vecino sin asistencia policial oportuna. Esta sucesión de eventos críticos desmiente la narrativa de pacificación que busca transmitir la gestión de Raúl Jalil, dejando en evidencia la falta de un plan integral de custodia en el interior profundo.
La acumulación de causas judiciales y reclamos vecinales confirma el retroceso de la seguridad en Catamarca. Con escuelas saqueadas que deben pedir pistas a la ciudadanía, desarmaderos proliferando en barriadas populares y un Ministerio de Seguridad que interviene únicamente tras la consumación de los delitos, los habitantes exigen medidas preventivas reales que frenen la violencia y devuelvan la tranquilidad a las calles.
