Lejos de cumplir con sus objetivos de asistencia al sector más vulnerable de la sociedad, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la provincia de Catamarca se encuentra en el foco de la polémica por las supuestas maniobras ilegales llevadas adelante por dos de sus dirigentes. Así, se comienza a desenmascarar otro escándalo que involucra a agrupaciones sociales y que, según se estima, tiene lazos con el gobierno provincial.
Salió a la luz que Vanesa Titos y Gonzalo Acosta, ambos parte de la CCC, se quedaban con entre $500 y $1.000 de la gente que debía recibir un plan y cuyo dinero pasaba primero por la agrupación. Sin embargo, además de desconocerse el fin de este descuento, también se conoció una serie de requisitos que las personas debían cumplir si quería recibir los planes sociales que, en muchos casos, garantizaban que pudieran comer.
Según se conoció, los beneficiarios de los planes de la CCC estaban obligados a participar de las manifestaciones que encabezó la Corriente, de lo contrario se les dejaría de entregar este beneficio social. Es decir que estas movilizaciones no tienen nada de espontaneo, de hecho los convocados acuden a ellas por miedo a perder el plan que los sustenta económicamente. Así, queda expuesta no solo la utilización de forma ilegal de los fondos públicos sino la manipulación de las personas que se suponía debían ayudar.
Asimismo, después de que la CCC nacional estableciera que cada agrupación provincial arregle de forma autónoma su relación con las autoridades, estas personas señaladas de realizar descuentos del monto que se debía entregar a las personas llegaron a acuerdo con el gobierno provincial para desarrollar proyectos productivos inexistentes. Sin embargo, algo que sí tuvo su manifestación en la realidad fueron los nombramientos de estos dirigentes sociales en organismos públicos, lo que indicaría que las autoridades estarían involucradas en estas actividades irregulares.
Así, lo que queda expuesto es como se devirtúan los objetivos que se supone que tenían que seguir estas organizaciones sociales y como las herramientas y los proyectos terminan en la nada, se dibujan los números e inclusos e piden facturas para justificar iniciativas que no se concretan. Al parecer, este hecho podría ser la continuación de la polémica en torno a La Martín Fierro, cuyo dirigente, Ricardo Rodríguez, tuvo que abandonar su cargo y fue refugiado en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, evidenciando la complicidad con el Ejecutivo provincial.
