La semana pasada, el oficialismo decidió “no apurar” la reforma del Estado, al contrario de lo que sucedió con la famosa reforma judicial “exprés” que desató grandes polémicas. Por eso, el oficialismo adelantó que “se tomará el tiempo que sea necesario para analizar las propuestas de los gremios y recién ahí emitir un despacho”. Esta semana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados volverá a llamar al gremio de ATE para que dé su opinión sobre el proyecto.
ATE, en realidad, había sido convocado para la semana pasada pero el gremio rechazó la invitación al considerar que “su presencia no servía para nada”, teniendo en cuenta que el Gobierno no iba a tener presente sus opiniones. La Comisión, que preside el oficialista Augusto Barros, recibió a la secretaria general local de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Patricia Bustamante.
Bustamante se mostró satisfecha con el encuentro y dijo que “sirve para fortalecer las instituciones”. Además, comentó que desde el sector que representa tienen puntos para aportar a la iniciativa. “En términos generales son aquellos puntos referidos a la carrera administrativa y al ingreso de la misma” explicó. Hizo especial énfasis en el respeto a la independencia de poderes “más que nada para la tranquilidad de la sociedad” y sugirió a los legisladores incluir “una mayor participación en las decisiones por parte de los gremios”.
Sin embargo, la reforma del Estado también ha tenido muchos legisladores críticos como por ejemplo el diputado Hugo Ávila, quien expresó que la reforma sirve “para disminuir gasto administrativo pero de manera contradictoria”, ya que el gobierno aumentó la cantidad de ministros de 8 a 17, y también la cantidad de miembros de la Corte de 5 a 7: “No hay coherencia en el relato”. Por su parte, Tiago Puente había dicho que “no es momento de generar incertidumbre en los empleados públicos de la provincia”.
Asimismo, los gremios no se han quedado callados. La Comisión volvió a convocar a la CGT, ya que en el primer encuentro el secretario general consideró que la propuesta era “poco viable”. Por su parte, la UPCN dejó en claro su malestar al salir del recinto: “un mal servicio no es ajeno a una mala administración por parte de aquellos funcionarios y planta política que, carentes de experiencia, hacen un mal o pésimo gerenciamiento del recurso humano”.
