La CC-ARI Catamarca, mediante un comunicado de prensa, solicitó la renuncia inmediata del intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar. Además se mostraron en contra del proyecto de intervención del municipio impulsado por el oficialismo. El jefe comunal fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual. Sin embargo, el intendente volvió a la normalidad de su puesto, ya que se aclaró que seguirá en libertad hasta que se realice una sentencia firme.
Los miembros de la CC-ARI, Rubén Manzi, Orieta Vera; Mariano Manzi, Daniel Barrionuevo, Rita Andrada, firman y sostienen que “desde nuestro partido político reafirmamos el repudio al intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar y nos sumamos en el pedido de la renuncia inmediata del cargo que ostenta. Entendemos que una persona que ha incurrido en tan deleznables actos, no puede continuar al frente del municipio. Ha transcurrido ya mucho tiempo. La justicia se ha expedido y lo condenó por Abuso Sexual Simple Agravado por la Guarda”.
“Desde nuestro partido, oportunamente acompañamos a la víctima y a los sectores que se pronunciaron exigiendo que se haga Justicia. Hoy, a la luz de la sentencia, Enrique Aybar debe renunciar inmediatamente y dar paso al cumplimiento de la asunción del intendente suplente electo, Carlos Casimiro, y que inicie el proceso que la democracia y sus respectivas leyes establecen para la elección de un jefe comunal que reúna las condiciones que el pueblo de Puerta de Corral Quemado se merece”, expresaron en un comunicado.
A su vez, se mostraron en contra de la propuesta de intervenir el municipio. Esta iniciativa, impulsada por el oficialismo, entiende que “el desorden de conducta del intendente y la mencionada sentencia nos lleva a interpelar no solo sobre su inhabilidad moral, sino también sobre las consecuencias administrativas y financieras que su situación judicial han producido en el municipio que Aybar hoy representa”.
Según Daniel Lavatelli, diputado impulsor del proyecto, debe realizarse una intervención en Puerta de Corral Quemado debido a la “posibilidad de incursión en un desorden administrativo y financiero que, conforme la Ley Orgánica de los Municipios, implique un incumplimiento de las obligaciones contraídas”. Esto generó controversias en la oposición, quienes aseguraban que no debían “mezclarse” cuestiones personales con la entidad en sí. Por su parte, la CC ARI expresó su “rotundo rechazo”, sosteniendo que “existen herramientas democráticas que no atenten contra la institucionalidad y la voluntad de los ciudadanos de ese municipio”.
