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Continúa la problemática por la banca del Concejo Deliberante en Icaño

El concejo Deliberante se encuentra atravesando una extrema situación provocada por un avasallamiento de las instituciones.

Continúa la problemática por la banca del Concejo Deliberante en Icaño. La concejala Ivana Ferreyra, junto a su abogado Antonio Acuña, exhibió un conflicto de poderes ante la Corte de Justicia de Catamarca para pedir rápidamente su incorporación dentro del cuerpo. En la presentación que ha realizado, afirmó que el recinto se encuentra atravesando una extrema situación provocada por un avasallamiento de las instituciones.

De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, la presentación que ha efectuado la concejala Ferreyra detalla que están ejerciendo incorrectamente de la ley dentro del Concejo Deliberante. Además, aseguró que desconocen el derecho y la normativa vigente por parte del presidente del cuerpo, Ariel Alderete, y de algunos de sus inescrupulosos concejales. A la par, solicitó su incorporación inmediata.

Seguido, señaló que el cuerpo se abstenga en lo sucesivo de realizar actos ilegítimos, ilegales y anticonstitucionales que atenten contra el sistema republicano, representativo y federal que rige la institucionalidad del CD de Icaño. También, pide no extralimitarse en sus facultades de manera absolutamente ilegal. Entre otras cosas, la concejala reclamó que se declare la nulidad de todo lo actuado por el recinto en contravención a la Ley.

La concejala afirma que el cuerpo responde al pedido de Alderete

Entre otras cosas, expresó que el manejo de la institución es gusto y capricho del presidente con la complicidad, los concejales y del Poder Ejecutivo municipal. También, solicitó que se le otorgue la mayor celeridad al presente proceso, a los fines que se acomode a derecho la cobertura de las vacaciones producidas y el normal funcionamiento del recinto. A su vez, manifestó que se le abone de forma íntegra los haberes que dejó de percibir desde diciembre del año.

Para cerrar, agregó que el presidente del cuerpo deberá abonarle los daños y perjuicios causados por las acciones ilegítimas, ilegales y anticonstitucionales que provocaron sus medidas. Por tal motivo, estima que la suma es de 100 mil pesos. En conclusión, Ferreyra expuso que si Justicia no hace lugar a su pedido, se presentarán ante la Corte Suprema de justicia de la Nación.

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