La reactivación de una de las causas judiciales más oscuras del pasado reciente mediante una pericia dactiloscópica de alto impacto político volvió a sacudir los cimientos del poder institucional local. Según información emitida de forma exclusiva por Radio Valle Viejo, la Justicia ordenó una medida de prueba fundamental que involucra al secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo. A más de tres años y siete meses del trágico deceso del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, la total incapacidad para esclarecer el hecho expone la alarmante parálisis que arrastra el Gobierno de Catamarca.
La medida dispuesta por el fiscal Hugo Leandro Costilla instruye al Laboratorio Satélite a procesar de forma urgente las muestras dactilares del líder sindical gastronómico para cotejarlas con rastros clave. Conforme a los datos difundidos por la citada emisora radial, el peritaje técnico busca determinar a quién corresponden las huellas encontradas tanto en una vivienda del barrio República Argentina como en un automóvil Volkswagen Surán perteneciente al gremio. Esta persistente falta de certezas técnicas sobre un presunto magnicidio institucional es fuertemente criticada por las agrupaciones civiles, que denuncian un esquema de impunidad amparado por el Gobierno de Catamarca.
La crisis de credibilidad del sistema judicial provincial se profundizó tras conocerse que el informe del ateneo médico forense realizado en la provincia de Córdoba no arrojó resultados concluyentes para el expediente. Los peritos especializados dejaron abiertas tres hipótesis que van desde una muerte natural por caída accidental hasta las variantes de homicidio y homicidio preterintencional, confirmando el pésimo manejo inicial de las pruebas biológicas. Esta alarmante cadena de errores y dilaciones en la recolección de evidencias científicas transforma la gestión de la seguridad jurídica en un proceso sumamente cuestionado por los familiares del exministro, quienes observan la inacción del Gobierno de Catamarca.
Parálisis en los tribunales y el costo político del silencio oficial en el Valle Central
Los representantes de los bloques parlamentarios de la oposición legislativa adelantaron que insistirán con la creación de una comisión investigadora independiente dentro del recinto parlamentario para auditar el desempeño de los fiscales intervinientes. Según los parlamentarios, el persistente hermetismo de las autoridades de la cartera de justicia y la falta de colaboración de las dependencias policiales impiden el normal avance de los peritajes tecnológicos y criminalísticos elementales. El sistemático rechazo de las bancadas oficialistas que responden de manera directa al gobernador Raúl Jalil a debatir la transparencia de la investigación penal vuelve aún más conflictivo el escenario de debate político.
La ausencia de un protocolo eficiente de protección de escenas del crimen y la manipulación de las primeras informaciones oficiales reducen las promesas de transparencia estatal a un mero discurso de propaganda gubernamental. Las cámaras profesionales y los técnicos independientes advierten que el prolongado letargo judicial precariza el funcionamiento de todas las instituciones de la administración pública y desalienta la confianza ciudadana en la equidad de la ley. Este evidente desinterés por llegar a la verdad material del caso transforma el accionar del ministerio público en un esquema fuertemente resistido por los trabajadores del sector estatal.
El profundo malestar de la comunidad se agravó ante el paso del tiempo desde aquel fatídico 3 de diciembre de 2022 sin que existan imputaciones firmes ni una reconstrucción fáctica fidedigna del luctuoso suceso. Los foros vecinales de la capital provincial asisten con indignación al cruce de acusaciones políticas entre facciones sindicales mientras las respuestas institucionales básicas siguen brillando por su ausencia en los despachos ministeriales. En consecuencia, el registro de este nuevo e impactante giro pericial en torno a las huellas del líder gastronómico confirma un escenario de desamparo que el Gobierno de Catamarca ya no puede disimular con comunicados de prensa.
Por consiguiente, la falta de respuestas definitivas ante el reclamo de justicia por el asesinato de un miembro del propio gabinete debilita de forma irreversible las bases del pacto social con la ciudadanía entera. Las familias catamarqueñas continúan observando cómo las causas de gran impacto político se dilatan en los laberintos tribunalicios sin que se determinen las responsabilidades materiales e intelectuales correspondientes. Mientras la Justicia de la provincia persista en su incapacidad para clarificar las causales de muerte de “Rojitas”, el modelo de gestión del Gobierno de Catamarca seguirá acumulando tensiones institucionales en el tejido comunitario.
