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Protección de la niñez en Catamarca: vuelven a exigir información sobre los dispositivos del Estado

La diputada Natalia Herrera reiteró el pedido de acceso a los dispositivos de protección.

La protección de la niñez en Catamarca volvió a quedar en el centro del debate luego de que la diputada provincial Natalia Herrera reclamara nuevamente respuestas al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría de Familia por los pedidos presentados para conocer el funcionamiento de los dispositivos estatales destinados a niñas, niños y adolescentes bajo medidas de protección. La legisladora cuestionó la falta de respuestas oficiales y sostuvo que el control parlamentario resulta indispensable cuando se trata de instituciones que albergan a menores en situación de vulnerabilidad.

Según explicó Herrera, el primer pedido para ingresar al SIPA Huasi fue presentado durante el mes de marzo con el objetivo de recorrer las instalaciones y conocer las condiciones de alojamiento, la contención y el acompañamiento que reciben las adolescentes que residen en ese espacio. Al no obtener una respuesta, reiteró el planteo a través de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados para realizar una visita institucional junto a legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, aunque aseguró que tampoco hubo una contestación formal por parte de las autoridades competentes.

Protección de la niñez en Catamarca: crecen los reclamos por mayor transparencia institucional

Durante sus declaraciones, la diputada insistió en que el objetivo de sus pedidos no responde a intereses políticos sino a la necesidad de ejercer las funciones de control que corresponden al Poder Legislativo. “Necesitamos saber cómo viven, cómo están y qué contención tienen esas niñas y adolescentes”, expresó al fundamentar la importancia de acceder al dispositivo donde residen menores que atravesaron situaciones extremas y permanecen bajo protección del Estado.

El reclamo actual se suma a un pedido de informes presentado en mayo dirigido al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría de Familia. En aquella oportunidad, Herrera solicitó información sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes alcanzados por medidas de protección, las modalidades de alojamiento, la capacidad y ocupación de establecimientos como SIPA Huasi, Casa Cuna y Huayna Huasi, además de datos vinculados con los procesos de revinculación familiar y el presupuesto destinado al funcionamiento de esos espacios.

La legisladora recordó además que, junto con la exdiputada Silvana Carrizo, vienen intentando desde hace aproximadamente dos años acceder a los dispositivos provinciales de cuidado sin lograr concretar las visitas. Esa situación alimenta cuestionamientos sobre el nivel de apertura institucional de organismos que administran políticas especialmente sensibles y que dependen del Estado provincial.

El planteo también vuelve a poner bajo análisis la respuesta del Gobierno de Catamarca frente a los requerimientos formulados desde la oposición. Herrera remarcó que el control parlamentario forma parte de las obligaciones de la Cámara de Diputados y sostuvo que la transparencia resulta un elemento indispensable cuando se administran políticas públicas destinadas a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. La ausencia de respuestas oficiales, según manifestó, dificulta esa tarea de fiscalización y deja sin aclarar aspectos relevantes sobre el funcionamiento de los dispositivos.

La protección de la niñez en Catamarca constituye una de las áreas más sensibles de la administración pública, ya que involucra a menores que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, la reiteración de pedidos de acceso e informes sin una respuesta formal por parte de los organismos responsables vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de control, la disponibilidad de información pública y el grado de transparencia con que se administran estos espacios, mientras continúan los reclamos para que las autoridades provinciales brinden precisiones sobre una política que involucra derechos fundamentales.

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