La polémica por el sueldo de la intendenta de Fray Mamerto Esquiú escaló en las últimas horas luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre los incrementos salariales otorgados a las autoridades municipales y los destinados al personal. Según el gremio, mientras la jefa comunal Alejandra Benavidez habría incrementado sus ingresos en aproximadamente $1.500.000 entre diciembre y julio, los empleados municipales recibieron una mejora de apenas $100.000, una situación que reavivó el debate sobre las prioridades de la administración pública y la distribución de los recursos.
La denuncia fue realizada por dirigentes de ATE, quienes afirmaron contar con las liquidaciones oficiales correspondientes a las autoridades municipales. De acuerdo con los datos difundidos por la organización sindical, el salario bruto de la intendenta alcanzaría los $3.947.000, luego de sucesivos incrementos que también habrían beneficiado a otros cargos jerárquicos del Ejecutivo comunal. El planteo abrió una fuerte discusión política en un contexto económico complejo, donde numerosos trabajadores aseguran que los aumentos salariales resultan insuficientes para afrontar el incremento del costo de vida.
Sueldo de la intendenta de Fray Mamerto Esquiú: la brecha salarial quedó en el centro de la discusión
Desde ATE sostuvieron que la diferencia entre los ingresos de la conducción política y los empleados municipales refleja una desigualdad salarial que consideran difícil de justificar. Según el gremio, un trabajador municipal promedio percibe alrededor de $800.000 brutos, cifra muy inferior a la informada para la máxima autoridad del municipio. Además, remarcaron que el último incremento otorgado al personal fue de apenas $100.000, muy lejos de la evolución que, según denunciaron, registraron los salarios de los funcionarios.
Durante la presentación pública del reclamo, los representantes sindicales solicitaron a la intendenta que revise la política salarial vigente. “Que se toque el corazón”, expresaron al reclamar una recomposición que permita reducir la diferencia entre quienes conducen el municipio y quienes desempeñan las tareas diarias en las distintas áreas comunales. También sostuvieron que resulta cada vez más difícil sostener el poder adquisitivo con los salarios actuales, especialmente frente al aumento permanente del costo de vida.
Otro de los cuestionamientos formulados por ATE apunta a las explicaciones que, según el sindicato, suele brindar el Ejecutivo municipal cuando se discuten mejoras salariales. Los dirigentes afirmaron que habitualmente se argumenta que la situación económica y las dificultades financieras limitan la posibilidad de otorgar mayores aumentos. Sin embargo, consideran que esos argumentos pierden fuerza cuando, siempre según la denuncia gremial, los funcionarios continúan percibiendo ingresos considerablemente superiores a los de la planta de trabajadores.
El conflicto también trasciende el ámbito municipal y vuelve a instalar un debate más amplio sobre la política salarial dentro del Estado. La discusión no solo involucra a Fray Mamerto Esquiú, sino que refleja un reclamo recurrente en distintos organismos públicos de Catamarca, donde diversos sectores sindicales vienen planteando la necesidad de revisar las escalas salariales y reducir las diferencias entre los cargos políticos y el personal de base. En ese escenario, la administración provincial encabezada por Raúl Jalil también enfrenta cuestionamientos vinculados a las demandas salariales que distintos gremios vienen expresando en los últimos meses.
Hasta el momento, el Ejecutivo de Fray Mamerto Esquiú no emitió una respuesta oficial respecto de las cifras difundidas por ATE ni sobre los cuestionamientos realizados por el sindicato. Mientras tanto, el gremio anticipó que continuará reclamando una revisión de la política salarial y una recomposición que reduzca la brecha denunciada entre funcionarios y empleados. La controversia vuelve a poner bajo análisis la administración de los recursos públicos y las prioridades de las gestiones estatales en un contexto económico que continúa generando fuertes reclamos sociales en Catamarca.
