Los reclamos en Catamarca volvieron a ocupar el centro de la escena con una serie de conflictos que atraviesan distintos sectores de la sociedad y que ponen bajo discusión la capacidad de respuesta del Gobierno de Raúl Jalil. Durante los últimos días, vecinos, trabajadores, pacientes y comerciantes plantearon cuestionamientos vinculados con la salud pública, la falta de empleo, la seguridad y las dificultades económicas que afectan a diferentes sectores de la provincia.
Uno de los reclamos que generó mayor preocupación está relacionado con la atención sanitaria. Familiares de pacientes con cáncer denunciaron que llevan cuatro meses esperando poder acceder a atención oncológica en el Hospital San Juan Bautista, debido a la falta de especialistas. Según expresaron, la demora impide iniciar tratamientos y genera angustia entre quienes dependen del sistema público de salud.
Reclamos en Catamarca: distintas áreas del Estado quedan bajo la mirada de vecinos y sectores productivos
En paralelo, la situación laboral también generó protestas en el interior provincial. Vecinos de comunidades del norte de Belén realizaron un corte sobre la Ruta Nacional 40 para reclamar la apertura de puestos de trabajo y pedir respuestas vinculadas al desarrollo de proyectos mineros. Los manifestantes señalaron que la falta de oportunidades laborales afecta especialmente a los jóvenes y solicitaron una intervención de las autoridades provinciales.
El conflicto expuso una discusión que atraviesa a varias localidades: la expectativa de que las inversiones vinculadas a la minería generen empleo y desarrollo local. En este caso, las comunidades pidieron definiciones sobre el proyecto Aguas Calientes y reclamaron una audiencia con funcionarios provinciales para conocer cuál será el futuro de la iniciativa.
Otro de los ejes que sumó preocupación fue la seguridad. En Andalgalá, un hombre de 34 años permanecía internado en grave estado luego de sufrir una herida de arma blanca durante un episodio investigado por la Justicia. Además, en el departamento La Paz, efectivos policiales realizaron un allanamiento donde secuestraron una escopeta calibre 16 y municiones en el marco de una causa judicial.
Estos hechos volvieron a instalar el debate sobre la seguridad en Catamarca y las respuestas necesarias para prevenir situaciones de violencia. Si bien las investigaciones continúan y corresponde a la Justicia determinar responsabilidades, los episodios registrados en distintos puntos de la provincia alimentan la preocupación de vecinos que reclaman mayor presencia y prevención.
En el sector comercial también aparecieron cuestionamientos hacia las políticas económicas provinciales. Desde la Cámara de Comercio, Sebastián Luna Guzmán advirtió por la cantidad de locales vacíos en el microcentro catamarqueño y señaló que los elevados costos de alquiler, junto con la presión tributaria, afectan la actividad. En particular, calificó al impuesto de Ingresos Brutos como “muy dañino” y reclamó cambios al Gobierno provincial.
La situación económica se suma así a una lista de reclamos en Catamarca que abarcan diferentes áreas. Mientras la Provincia anunció medidas de financiamiento para empresas y destacó la llegada de recursos nacionales, sectores sociales y productivos continúan planteando dificultades concretas relacionadas con empleo, salud, seguridad y actividad comercial.
El escenario abre un nuevo debate político para la gestión de Jalil: cómo transformar los anuncios y recursos disponibles en respuestas visibles para los ciudadanos. Los reclamos surgidos desde distintos puntos de Catamarca muestran una demanda común: mayor presencia del Estado y soluciones para problemas que, según los propios protagonistas, siguen pendientes.
