El anuncio oficial de priorizar la obra pública por sobre el gasto electoral dejó al descubierto las severas fallas de infraestructura que arrastra la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Al descartar el desdoblamiento de los comicios bajo la premisa de que prefiere construir un puente antes que afrontar una elección provincial, el mandatario buscó proyectar una imagen de austeridad que colisiona con el estado real de proyectos emblemáticos que permanecen paralizados o sin financiamiento asegurado.
La contradicción más elocuente emerge en la construcción de la nueva Terminal Metropolitana. Pese a haber sido prometida cuatro veces desde 2022, la licitación de casi 29.000 millones de pesos fracasó al no presentarse ninguna empresa, forzando a la Provincia a iniciar movimientos de suelo por cuenta propia y sin partida en el Presupuesto 2026, mientras se redujo el diseño original de 32 a 26 dársenas para abaratar costos.
A ese traspié en el transporte se sumó la grave denuncia penal presentada por diputados de la oposición por el gasoducto Lavalle. Con una inversión estimada en 6.400 millones de pesos para abastecer a 120.000 usuarios, la obra apenas alcanzó un avance del 3,90% frente al 34% proyectado, derivando en un cuestionado acuerdo administrativo que perdonó una multa de casi 2.000 millones a la contratista y dejó sin aclarar el destino de 5.000 caños de acero.
En paralelo, el plano sanitario refleja una desatención similar de las áreas sensibles del Estado. Coincidiendo con las estadísticas que ubican a la provincia con una tasa de suicidios de 14,2 casos cada 100.000 habitantes —muy superior a la media nacional de 11,8—, los propios informes oficiales evidenciaron una subejecución que dejó sin utilizar casi el 70% de las partidas destinadas a salud mental.
Acuerdos de peaje en rutas nacionales, tensión territorial y beneficios fiscales
El contraste en la administración de recursos también alcanza a la red vial. Mientras el Ejecutivo provincial avaló el traspaso de 180 kilómetros de rutas nacionales para implementar peajes arancelados que favorecen a grupos privados, el gobernador firmó exenciones totales de Ingresos Brutos a grandes sectores corporativos en el Parque Industrial El Pantanillo, postergando la recomposición de los ingresos en una sociedad donde miles de familias ya se endeudan para alimentarse.
En el interior, el manejo de los recursos naturales profundiza el malestar social. El respaldo del Ministerio de Minería al proyecto de Amalaya en Belén derivó en marchas hacia la sede oficial y denuncias por agresiones con balas de goma en Peñas Negras, desnudando el uso de cordones policiales para sostener la actividad extractiva mientras las comunidades reclaman la falta de consultas previas y la protección del agua.
