Una extensa presentación judicial sacudió los despachos oficiales tras la denuncia penal interpuesta por legisladores opositores por las irregularidades en el gasoducto Lavalle en Catamarca. La acción penal, impulsada por los diputados Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero (espacio Generar), exige investigar el destino de casi 6.400 millones de pesos volcados a una infraestructura clave que debía abastecer de gas natural a más de 120.000 habitantes y que permanece completamente paralizada.
El escrito, que cuenta con 80 fojas de pruebas y documentación ministerial, solicita reconstruir la secuencia de decisiones administrativas de la gestión de Raúl Jalil desde el inicio del proyecto en septiembre de 2022. Pese a que el cronograma fijaba un plazo de ejecución de dos años y debía registrar un avance superior al 34% para mayo de 2023, las propias mediciones técnicas del Estado provincial constataron un magro avance del 3,90%, dejando al descubierto un estancamiento total de los trabajos en el terreno.
A ese retraso injustificado se suma el misterio sobre el destino de los materiales adquiridos con fondos del erario público. La denuncia pide determinar con urgencia el paradero de cerca de 5.000 caños de acero de 25 centímetros de diámetro y 12 metros de largo, comprados a la firma SIAT-Tenaris por más de 1.800 millones de pesos, cuya localización y estado de conservación no fueron acreditados fehacientemente por las autoridades del área energética.
La controversia se profundizó tras la rescisión del contrato en abril de 2024 con la constructora MEGA SRL. Aunque el Gobierno provincial le había aplicado una severa sanción de 1.963 millones de pesos por incumplimiento contractual reiterado, la Casa de Gobierno dio marcha atrás de forma intempestiva en junio de 2026, firmando un polémico acuerdo extrajudicial que levantó el castigo pecuniario a favor de la empresa privada.
Multa millonaria perdonada, garantías devueltas y falta de gas natural
Mediante este controvertido convenio administrativo, la administración de Raúl Jalil anuló la penalidad de casi 2.000 millones de pesos, devolvió garantías por 922 millones y retiró a la contratista cuestionada del registro provincial de proveedores incumplidores. En compensación, la provincia aceptó un modesto reintegro de 301 millones de pesos tras cruzar certificados de obra, cerrando el diferendo sin garantizar la culminación de la traza troncal.
Este beneficioso pacto con la constructora desató sospechas en el arco político provincial por el presunto perjuicio patrimonial contra las arcas estatales. Mientras el Ejecutivo provincial justificó el cierre del conflicto como un ordenamiento contable, los denunciantes remarcaron que el acuerdo dejó a miles de familias de escasos recursos sin la red energética prometida, obligándolas a depender de la garrafa social en pleno invierno.
