“Estamos a días de comenzar el octavo mes del año y todavía hay docentes que siguen sin cobrar por un trabajo que prestaron de manera efectiva. El Estado no puede ser quien vulnere los derechos de sus propios trabajadores”. La frase pertenece a la diputada provincial Natalia Herrera, que presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Educación y Trabajo, a cargo de la ministra Verónica Soria en la administración del gobernador Raúl Jalil, la inmediata regularización de las altas administrativas de docentes que trabajan desde hace más de cinco meses sin percibir sus haberes.
La iniciativa surgió a partir de numerosos reclamos de docentes de distintos establecimientos educativos que denuncian demoras de más de 150 días en la tramitación de sus altas administrativas, lo que los obliga a cumplir con sus tareas sin recibir remuneración alguna. “No se puede exigir compromiso y vocación a quienes sostienen la educación pública mientras se los obliga a trabajar durante meses sin percibir su salario”, agregó Herrera en el texto del proyecto.
El proyecto de resolución solicita que, además de regularizar las altas pendientes, se liquide y pague la totalidad de los haberes adeudados desde la fecha efectiva de toma de funciones, incluyendo todos los conceptos que correspondan. También incorpora un pedido específico para conocer si hay docentes que ya se jubilaron o tienen el beneficio jubilatorio otorgado y todavía esperan el pago por servicios efectivamente prestados. “Hay docentes que no solo trabajaron durante meses sin cobrar, sino que incluso llegaron a la jubilación y el Estado todavía les debe salarios”, afirmó la legisladora.
La continuidad del problema tras la unificación ministerial
Herrera apuntó directamente contra la gestión de la ministra Verónica Soria al recordar que las demoras en los pagos persisten e incluso se agravaron después de la unificación de las carteras de Educación y Trabajo. “Cuando Educación y Trabajo funcionaban por separado, las demoras se justificaban por la falta de coordinación entre ambos organismos. Hoy están unificados bajo la conducción de la ministra Verónica Soria y el problema continúa, e incluso se agrava. ¿Qué explicación tienen ahora? ¿Qué esperan para pagar lo que les corresponde a estos trabajadores?”, planteó.
El proyecto exige que el Ministerio informe en un plazo de diez días hábiles la cantidad de docentes afectados, el estado de los expedientes, las causas de las demoras y el cronograma de regularización previsto. También pide un detalle sobre cuántos expedientes registran demoras de 30, 60, 90, 120 y hasta 150 días, con el objetivo de transparentar la dimensión real del problema.
La diputada subrayó el impacto económico y personal que genera esta situación en los trabajadores del sector. “Es imposible exigir vocación y compromiso mientras el propio Estado obliga a los docentes a esperar más de cinco meses para cobrar su salario. Ningún trabajador debería endeudarse para poder sobrevivir porque el Estado incumple con una obligación tan básica como pagar en tiempo y forma”, sostuvo.
Herrera cerró la fundamentación del proyecto con un reclamo directo al gobernador Raúl Jalil para que tome cartas en el asunto: “Este proyecto busca que el Gobierno asuma su responsabilidad, repare el perjuicio ocasionado y garantice que ningún docente vuelva a atravesar una situación tan injusta como trabajar sin percibir su salario. Es momento de que el Ministerio deje de naturalizar estas demoras administrativas y empiece a cumplir con una obligación elemental: pagar en tiempo y forma a quienes todos los días sostienen la educación pública de Catamarca”.
