“Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos”, afirmó el diputado provincial Juan Carlos Ledesma. La definición apunta contra la reforma que el Senado de la Nación busca debatir el próximo jueves para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, en un momento en que Catamarca ya registra un 8,22% de su territorio rural en manos foráneas y dos de sus departamentos superan el tope legal vigente desde 2011.
Según la última actualización del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), de agosto de 2025, Catamarca es la quinta jurisdicción con mayor proporción de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, detrás de Salta, Misiones y San Juan, y por delante de Mendoza y Santa Cruz. Sin embargo, el promedio provincial esconde una concentración mucho más marcada en el oeste y el sur del territorio: Tinogasta encabeza el ranking con el 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas en manos extranjeras, mientras que Paclín alcanza el 20,66% de sus 98.373 hectáreas rurales. Ambos distritos exceden con holgura el límite del 15% que la ley nacional fija para cada departamento.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, conocido como ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, modificaría la Ley de Tierras Rurales N.° 26.737 y otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. En lo que respecta a la propiedad rural, el oficialismo busca derogar el tope del 15% por país, provincia y departamento, eliminar el límite de 1.000 hectáreas por persona o empresa extranjera en la zona núcleo agrícola y desactivar la obligación de registrar las ventas de tierras a foráneos. También suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo creado para monitorear el cumplimiento de esos topes en todo el país.
La iniciativa traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma y la facultad de definir qué cantidad de tierras y en qué zonas pueden ser adquiridas por extranjeros. Para Ledesma, presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados provincial, ese esquema “está diseñado para facilitar la concentración y la extranjerización de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino”. El legislador advirtió que “sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional”.
El mapa de la tierra extranjera en Catamarca
El caso de Tinogasta resulta particularmente sensible porque los informes nacionales del Registro de Glaciares y del sistema de proyectos mineros lo identifican como una de las zonas cordilleranas donde la propiedad foránea coincide con áreas glaciares y periglaciares, vinculadas a reservas de agua dulce y a los yacimientos de litio de la región. Paclín, con una superficie rural diez veces menor, presenta una concentración proporcional incluso más alta que la del departamento cordillerano. Detrás de ambos, un tercer grupo integrado por La Paz y Santa María se ubica por debajo del límite legal pero muy por encima del promedio provincial y nacional, mientras los doce departamentos restantes muestran niveles bajos o nulos de extranjerización.
El proyecto que intenta aprobar el oficialismo no se limita a las tierras rurales. También modifica la Ley Nacional N.° 21.499 para acotar los criterios por los cuales el Estado puede declarar un bien de utilidad pública y expropiarlo, e introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que los propietarios puedan recuperar la posesión de sus bienes con mayor celeridad ante ocupaciones ilegales. En materia de manejo del fuego, deroga los artículos incorporados en 2020 que prohibían modificar el uso de suelos incendiados —bosques nativos, humedales o áreas agrícolas— por plazos de 30 a 60 años.
Ledesma calificó la reforma como un “atentado contra la soberanía nacional” y dirigió un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca. “Pido a los tres senadores nacionales sin distinción de banderías políticas o ideológicas que rechacen este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño”, subrayó. La discusión en el Senado pondrá a prueba la capacidad de los mecanismos institucionales para rastrear quién compra y dónde se concentra la propiedad rural en un distrito que ya muestra dos departamentos fuera de los márgenes que la ley actual todavía fija.
