“Difícilmente sepamos con claridad de qué manera se van a discrecionar estos fondos, que son muchos, la verdad que son muchos”, advirtió el concejal Yamil Mansilla luego de que el Concejo Deliberante de Icaño aprobara una actualización que eleva los topes para contrataciones directas a $80 millones y para licitaciones de obras a $320 millones.
La normativa, impulsada por el Ejecutivo Municipal, reemplaza los valores que regían desde 2020 y salió adelante con un empate que deshizo la presidenta del cuerpo. “Éramos 4, éramos 2 de la oposición, 2 del oficialismo, y bueno, desempata la presidente con su voto porque habíamos quedado empatados”, relató Mansilla en declaraciones a Radio El Esquiú 95.3, durante el programa Mensajes en la Radio.
El edil explicó que la oposición buscó sumar mecanismos de control y darle más intervención al Concejo antes de tratar la ordenanza. “Nosotros lo que pretendíamos es de que se dé participación al Concejo para que la gente sepa de qué manera se puede ejecutar tanto dinero”, afirmó.
Mansilla denunció que los pedidos de informes que ya presentaron chocan con obstáculos sistemáticos. “Muchos pedidos de informe hemos presentado nosotros y siempre hay una chicana, siempre hay un pero, hay una traba que impide”, sostuvo. La modificación aprobada en la localidad del este catamarqueño permite al Ejecutivo avanzar con esos montos sin una intervención más amplia del cuerpo deliberativo.
Más dinero bajo decisión del Ejecutivo y reclamos por falta de controles en Catamarca
El concejal insistió en que las nuevas cifras dejan un volumen récord de recursos en manos del Ejecutivo sin que el legislativo pueda auditar su destino. “Son fondos públicos, amigos, son de todo el pueblo”, expresó, y aseguró que continuarán reclamando acceso a la información.
La actualización exhibe el salto respecto de la ordenanza anterior: en 2020 la misma gestión municipal autorizaba contrataciones directas de alrededor de 3 millones de pesos. “En 2020 fue la actualización anterior, que la hizo también este mismo Gobierno municipal, y se hablaba de contratación directa en 3 millones, 3 millones y medio, y ahora lo que piden es en una contratación directa de 80 millones”, detalló.
La decisión del Concejo Deliberante de Icaño, ubicado en el departamento La Paz, se conoció el 7 de agosto de 2026 y generó de inmediato el rechazo de los dos ediles opositores, que reclamaron sin éxito que se incorporaran instancias de fiscalización antes de habilitar el manejo discrecional de las partidas. Mansilla confirmó que mantendrán los pedidos de rendición de cuentas ante el Ejecutivo, aunque reconoció que las respuestas siguen sin aparecer.
