La gestión del gobernador Raúl Jalil enfrenta distintos cuestionamientos en Catamarca que, aunque corresponden a situaciones de naturaleza diferente, vuelven a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del Estado provincial, los mecanismos de control y la capacidad de respuesta de las autoridades.
Uno de los episodios más recientes se produjo tras el incendio que afectó a la localidad de El Rodeo. El siniestro, originado según los informes oficiales por la caída de un cable de alta tensión sobre vegetación seca, alcanzó unas 1.870 hectáreas y estuvo acompañado por ráfagas de viento de entre 110 y 120 kilómetros por hora. El operativo involucró a brigadistas, bomberos, Defensa Civil, fuerzas de seguridad y personal municipal. Si bien no se registraron víctimas, el temporal provocó importantes daños materiales y afectó durante horas el suministro eléctrico.
El episodio dejó además expuesta la fragilidad de infraestructura clave frente a fenómenos climáticos extremos. La caída de postes y árboles provocó interrupciones en el servicio eléctrico y obligó a desplegar tareas de emergencia para recuperar la conectividad y garantizar el abastecimiento de las localidades afectadas.
Transparencia y controles, otra deuda que atraviesa a Catamarca
Los cuestionamientos también aparecen en el terreno institucional. En Los Altos, el concejal Rodrigo Reynoso recurrió al Tribunal de Cuentas después de afirmar que el Ejecutivo municipal no respondió pedidos de información sobre las rendiciones correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025. El edil mencionó además demoras en el pago de haberes, deudas con proveedores y falta de información para los integrantes del Concejo Deliberante.
En Icaño, otro conflicto puso el foco sobre el control de los fondos públicos. El Concejo Deliberante aprobó nuevos límites para las contrataciones municipales, con montos que llegan hasta $80 millones para contrataciones directas y $320 millones para obras. Desde la oposición reclamaron mayores mecanismos de intervención y acceso a la información sobre el destino de esos recursos.
A nivel provincial, otro dato particularmente sensible aparece en la investigación por el crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas. Una pericia informática acreditó que archivos de la computadora ubicada en su despacho fueron eliminados dos días después del asesinato. Además, las cámaras de seguridad del organismo presentaban desfasajes de fecha y horario y no existían registros confiables de ingreso y egreso durante los días críticos.
La Fiscalía convocó a 214 personas que prestaron servicios en el Ministerio durante ese período para intentar reconstruir quiénes ingresaron al edificio y quién pudo acceder a la computadora. Esto no implica que exista una acusación contra el gobernador ni contra integrantes del Ejecutivo por el borrado de archivos, pero sí plantea interrogantes sobre la preservación de documentación y la seguridad de una dependencia estatal después del asesinato de uno de sus funcionarios.
Los distintos episodios no necesariamente tienen una causa común. Sin embargo, abren una discusión política inevitable: qué controles existen sobre el Estado catamarqueño, cómo se preserva la información pública y qué mecanismos funcionan cuando aparecen irregularidades o situaciones críticas.
En ese contexto, la gestión de Jalil queda obligada a dar respuestas que excedan los anuncios y las recorridas oficiales. La transparencia administrativa, la prevención ante emergencias y la preservación de documentación estatal no deberían depender de reclamos de concejales, investigaciones judiciales o situaciones de crisis.
Para Catamarca, el desafío no pasa solamente por administrar los recursos disponibles, sino por demostrar que existen controles suficientes para que esos recursos, la información pública y las instituciones funcionen con reglas claras y puedan ser auditados por la sociedad.
