La situación denunciada en PAMI Catamarca abrió un nuevo frente de preocupación institucional en la provincia. Una médica que presta servicios en el organismo presentó una denuncia penal contra su titular, Iván Rodolfo López, por presuntos hechos de abuso de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional. En paralelo, solicitó ante las autoridades nacionales del PAMI la apertura de un sumario y el apartamiento preventivo del funcionario mientras se investigan los hechos.
La presentación, realizada ante la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género y también en sede administrativa, contiene acusaciones que deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes. Según el relato de la profesional, López la habría presionado para autorizar internaciones de afiliados sin la documentación requerida y para modificar formularios de derivación médica ya emitidos. La denunciante sostuvo que esas situaciones la habrían colocado frente a la posibilidad de cometer irregularidades administrativas, éticas y legales.
El planteo también incluye acusaciones vinculadas con las condiciones laborales. La médica aseguró que habría sido obligada a cumplir jornadas superiores a nueve horas, incluso durante fines de semana, además de realizar auditorías sobre prestadores allegados al funcionario y resolver trámites fuera de su jurisdicción. Entre los ejemplos mencionados aparecen intervenciones en derivaciones correspondientes a La Rioja y Córdoba.
PAMI Catamarca: una denuncia que expone el problema del control y las respuestas institucionales
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es el supuesto componente político. De acuerdo con la presentación, la profesional habría recibido presiones para afiliarse a La Libertad Avanza y participar de una capacitación como fiscal de mesa para las elecciones, bajo una presunta amenaza de despido si no cumplía con esas exigencias. La denuncia incluye además capturas de pantalla que, según la trabajadora, respaldarían parte de sus acusaciones. Todo ese material deberá ser analizado en las instancias judiciales y administrativas.
La gravedad del planteo aumenta por el impacto que la situación habría tenido sobre la propia denunciante, quien actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica. En su presentación pidió que López sea separado preventivamente del cargo y reclamó medidas para evitar nuevas situaciones de hostigamiento o eventuales represalias mientras avanza la investigación. También denunció que se le habrían restringido derechos laborales básicos y que se le habría impedido mantener comunicaciones operativas con autoridades del nivel central del organismo.
El caso no quedó circunscripto al ámbito interno del PAMI Catamarca. La presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, y Mujeres Radicales Catamarca expresaron su respaldo a la profesional y reclamaron que la denuncia sea investigada con celeridad, seriedad e imparcialidad. Las organizaciones cuestionaron que las relaciones jerárquicas puedan convertirse en mecanismos de presión, disciplinamiento o intimidación dentro de un organismo público.
El episodio también vuelve a colocar en discusión el funcionamiento de una estructura estatal que tiene bajo su responsabilidad la atención de adultos mayores, un sector especialmente sensible. Díaz vinculó la denuncia con el deterioro que, según su postura, atraviesa el PAMI en un contexto de recortes y cuestionamientos sobre la gestión. En ese escenario, cualquier conflicto que afecte al personal puede terminar teniendo consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de las prestaciones y, por extensión, sobre los afiliados.
En Catamarca, además, el caso plantea una pregunta que excede la situación personal de la denunciante: qué mecanismos existen para controlar a los funcionarios que ocupan cargos jerárquicos y qué respuesta reciben los trabajadores cuando denuncian presuntos abusos dentro de organismos públicos. La denuncia ya fue presentada y ahora serán las autoridades judiciales y administrativas las que deberán establecer si existieron las conductas señaladas y determinar las responsabilidades que correspondan.
Mientras tanto, el reclamo de apartamiento preventivo coloca a las autoridades nacionales del PAMI ante la necesidad de brindar una respuesta institucional. La investigación deberá determinar la veracidad de las acusaciones, preservar los derechos de la trabajadora y garantizar que el proceso se desarrolle sin represalias. El caso vuelve así a poner en el centro del debate en Catamarca la necesidad de controles efectivos, canales de denuncia que funcionen y respuestas concretas frente a posibles situaciones de violencia laboral y abuso de poder.
