El deterioro de las rutas de Catamarca volvió a quedar asociado a una discusión que excede las fronteras provinciales: el financiamiento de la infraestructura vial y el recorte de recursos destinados a Vialidad Nacional. Mientras el Gobierno de Javier Milei defiende el equilibrio fiscal, el sindicato de trabajadores viales denunció que los fondos del sistema vial fueron desviados y advirtió por las consecuencias que puede tener la falta de mantenimiento. Para Raúl Jalil, el escenario abre un frente político incómodo: Catamarca necesita rutas seguras para sostener su actividad productiva, turística y minera, pero la provincia depende en buena medida de corredores nacionales.
El planteo sindical surgió después de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que el Gobierno nacional utilizó fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal. El Sindicato Trabajadores Viales sostuvo que esa política implica desfinanciar la Dirección Nacional de Vialidad y advirtió sobre el deterioro progresivo de la red. Se trata de una denuncia que debe ser atribuida al gremio y que coloca nuevamente el estado de las rutas en el centro del debate público.
El problema adquiere una dimensión particular en Catamarca, una provincia atravesada por rutas nacionales fundamentales para conectar localidades, trasladar producción y sostener el turismo. La propia Vialidad Nacional informó durante 2026 distintos partes de transitabilidad para las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con sectores donde se recomendó circular con precaución y zonas afectadas por obras o condiciones particulares.
Rutas de Catamarca: el reclamo que también interpela a Raúl Jalil
La cuestión también expone una contradicción política que Jalil deberá administrar. El gobernador ha colocado a la minería, las exportaciones y el desarrollo de infraestructura entre los ejes de su discurso productivo. Sin embargo, el crecimiento de esas actividades necesita caminos que permitan transportar minerales, insumos y mercaderías y conectar los principales puntos de producción con los mercados. Sin una red vial adecuada, cualquier estrategia de crecimiento queda condicionada por una infraestructura que no depende exclusivamente de la Casa de Gobierno provincial.
Hay, además, un antecedente que vuelve más sensible la discusión. En 2022, el propio Raúl Jalil participó junto a autoridades nacionales de la firma de un contrato para la recuperación y mantenimiento de 114 kilómetros de las rutas nacionales 60 y 157, con una inversión anunciada superior a los $5.000 millones. El objetivo declarado entonces era mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de esos corredores.
El punto crítico para la gestión provincial es que no alcanza con anunciar obras puntuales si el financiamiento estructural del sistema vial queda comprometido. La discusión sobre el SisVial coloca al Gobierno nacional como principal responsable de la política de financiamiento de las rutas nacionales, pero también obliga al gobernador a explicar qué gestiones está realizando para garantizar que los corredores estratégicos de Catamarca no queden relegados.
En ese sentido, la posición de Jalil frente a la administración nacional adquiere especial relevancia. El gobernador ha mantenido una relación de diálogo con Nación y ha defendido la necesidad de sostener inversiones y obras estratégicas para la provincia. Esa estrategia puede resultar útil para conseguir recursos, pero también genera una expectativa concreta: si Catamarca necesita rutas en condiciones, la sociedad tiene derecho a conocer qué reclamos está llevando adelante la Provincia frente a Nación y cuáles son sus resultados.
La discusión no es menor. Una ruta deteriorada no representa solamente un problema para quien viaja de una localidad a otra. También puede aumentar costos logísticos, afectar la circulación de bienes, complicar el acceso a zonas turísticas y productivas y generar mayores riesgos para quienes utilizan diariamente los corredores nacionales. En una provincia que apuesta fuertemente a la minería y al turismo como motores económicos, la infraestructura vial es una condición básica para que ese modelo pueda funcionar.
Por eso, el reclamo de los trabajadores viales debería servir para abrir una discusión más profunda en Catamarca. La responsabilidad por el financiamiento de las rutas nacionales corresponde al Estado nacional, pero Raúl Jalil también tiene una responsabilidad política frente a los catamarqueños: defender los intereses de la provincia, reclamar por las obras pendientes y explicar qué alternativas existen si los recursos nacionales continúan disminuyendo.
El debate sobre el déficit fiscal, en definitiva, no puede separarse de sus consecuencias concretas. Si el ajuste de las cuentas públicas termina reduciendo los recursos destinados al mantenimiento vial, el costo puede trasladarse a quienes circulan, producen y trabajan en las provincias. Y en Catamarca, donde las distancias y la dependencia de sus corredores viales tienen un peso decisivo, la discusión sobre las rutas dejó de ser solamente una cuestión técnica para convertirse también en un problema político.
