El contraste entre los anuncios de desarrollo y la desatención en los departamentos profundizó los cuestionamientos hacia la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Pese a que la provincia incrementó un 195% sus exportaciones gracias al litio y se ubicó como la segunda jurisdicción que más recursos recibió de la Nación para obras públicas, ese flujo financiero extraordinario no evitó el colapso de servicios básicos ni la vulnerabilidad sanitaria y productiva de las comunidades del interior.
La desprotección de las economías rurales quedó al descubierto con la confirmación de un foco de rabia bovina en Ambato. Ante la mortandad de ganado, el Estado evidenció no tener un censo pecuario actualizado y derivó la vacunación obligatoria a los propios campesinos por falta de cuadrillas públicas, repitiendo el desamparo de parajes como El Alto, donde la policía debió intervenir ante desmontes clandestinos de monte nativo por la ausencia de inspectores ambientales.
Esta fragilidad institucional convive con un marcado deterioro en la conectividad vial. Corredores estratégicos como la Ruta 64 en Santa Rosa y la Ruta 60 en La Cébila permanecen sin mantenimiento preventivo ni banquinas seguras, provocando cortes totales ante siniestros vehiculares o incendios forestales, mientras el Ejecutivo elude reclamar las partidas que Vialidad Nacional recauda a través del gravamen a los combustibles.
El repliegue estatal impacta además en las actividades comerciales y recreativas. Con un parate en las reservas de viajes de hasta el 30% en los valles intermedios por falta de financiamiento y promoción, operadores y hoteleros sufren tarifas desmedidas impuestas por la empresa EC SAPEM, que empujó a 65 mil usuarios a la morosidad y obligó a las familias a endeudarse para cancelar servicios básicos.
Ruptura de acuerdos mineros, endeudamiento familiar y desborde en las calles
Las fallas de planificación alcanzaron un límite crítico con el escándalo de CAMYEN en Antofagasta de la Sierra. La minera estatal comprometió 7.500 hectáreas en el Área Protegida Campo de Piedra Pómez con una firma de Emiratos Árabes que pagó dos millones de dólares; tras el rechazo ambiental y archivo del expediente, la negativa oficial a restituir el dinero provocó la retirada defrauda de los inversores extranjeros.
A esta inseguridad jurídica se sumó el avance delictivo en la Capital, donde vecinos del barrio Los Periodistas debieron retener a un ladrón dentro de su casa por falta de patrulleros, y el abandono de la juventud en Belén, expuesto tras el violento percance de un menor en bicicleta en una vía pública carente de programas sociales y espacios de contención comunitaria.
El cuadro de precariedad general desmiente el discurso de reactivación y debilita la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Con gremios municipales en huelga en Valle Viejo y la convocatoria a la Marcha de la Bronca prevista para el 19 de septiembre, los sectores productivos y laborales exigen priorizar las urgencias estructurales de los pueblos antes que los convenios opacos.
