Una denuncia penal sobre el manejo de fondos en infraestructura pública abrió un complejo frente institucional para la administración de Raúl Jalil en Catamarca. La presentación judicial que exige investigar la ejecución del gasoducto Lavalle-Catamarca colocó bajo sospecha el destino de partidas millonarias, en un momento donde la oposición y diversos sectores sociales cuestionan las prioridades de gasto y la falta de transparencia en obras energéticas estratégicas.
La acusación en los tribunales coincide con un escenario de severas advertencias en el propio fuero judicial provincial. El juez penal de menores Rodrigo Morabito alertó sobre la absoluta falta de infraestructura y recursos provinciales para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, advirtiendo que la improvisación oficial expone al Estado a sanciones por carecer de centros de contención y dispositivos de salud para jóvenes en conflicto con la ley.
En paralelo a estas fallas estructurales, intendencias y senadores del interior intensificaron sus reclamos ante Vialidad Provincial por caminos destrozados. Mientras la obra tabacalera y productiva en el Este provincial corre peligro por puentes fisurados y calzadas intransitables, los fondos públicos continúan envueltos en pedidos de informes, obligando a los propios municipios a financiar bacheos que corresponden a la administración central.
El deterioro social profundizó aún más los cuestionamientos contra el modelo económico provincial. Desde la propia bancada oficialista, la diputada María Argerich alertó que las subas en las tarifas energéticas y la pérdida del poder adquisitivo fuerzan a los hogares a tomar créditos con tasas usureras simplemente para abonar boletas de servicios básicos o acceder a la comida diaria.
Investigaciones en la Justicia, sueldos de indigencia y malestar en los municipios
El contraste entre las obras cuestionadas y la asfixia salarial de los trabajadores municipales desató fuertes protestas en Valle Viejo. En una maniobra alineada con la disciplina fiscal del Ejecutivo provincial, la comuna vetó el reconocimiento económico por antigüedad tras haber ofrecido una irrisoria suba de $2.000, profundizando el descontento gremial del SOEM en un contexto donde los sueldos se liquidan mayoritariamente en negro.
A este cuadro de desamparo laboral se sumaron las protestas en el Valle Central por la falta de controles al transporte ilegal mediante aplicaciones, y la denuncia de UATRE por un 70% de trabajo rural precarizado con pagos de $15.000 diarios. Ambas situaciones reflejan la ausencia fiscalizadora de los organismos públicos provinciales, que dejan a los trabajadores desprotegidos frente a la competencia desleal y la informalidad laboral.
La investigación sobre la obra del gasoducto corona una seguidilla de hechos que desnudan los desmanejos de Raúl Jalil en Catamarca. Con denuncias penales en trámite, trabajadores comunales movilizados, rutas del interior abandonadas y familias endeudadas para poder alimentarse, el Gobierno provincial enfrenta un clima de creciente descontento que interpela la gestión del presupuesto y la respuesta del Estado.
