La escalada de episodios violentos y el estancamiento social en el interior provincial dejaron al descubierto las marcadas contradicciones de Raúl Jalil en Catamarca. Mientras el gobernador concentró su actividad en negociar acuerdos electorales y el Presupuesto nacional con la Casa Rosada, la falta de respuestas a demandas elementales de seguridad, salarios y servicios públicos profundizó el descontento popular en el Valle Central y los departamentos del oeste.
La fragilidad de la gestión provincial se manifestó con crudeza en materia de seguridad ciudadana. En Chumbicha, un policía terminó hospitalizado tras ser embestido en un control caminero que carecía de medidas de resguardo; en la Capital, la rotura de vidrieras comerciales expuso la falta de vigilancia nocturna; y en Nueva Coneta, fue capturado un joven que apuñaló a su tío tras huir de la zona sur sin ser detectado por retenes oficiales.
Este desamparo cotidiano convive con un marcado deterioro económico en los hogares catamarqueños. La provincia alcanzó el tercer lugar a nivel nacional en mora financiera con un 34,34% de atraso en pagos, acumulando deudas por $845.015 millones, un panorama derivado de ingresos que no cubren los $1.564.716 requeridos para eludir la pobreza, mientras el Estado provincial responde limitándose a dictar cursos teóricos de educación crediticia.
La disparidad salarial volvió a tensar las relaciones con los trabajadores del Estado. Frente al pedido del 10% reclamado por la Asociación de Judiciales de Catamarca (Ajuca), los agentes de la administración general recordaron que los tribunales ya recibieron un incremento extraordinario del 12% a fines de año, reclamando un trato equitativo y sin privilegios presupuestarios para todo el personal público.
Emergencia económica, parálisis institucional y la agenda de Raúl Jalil en Catamarca
La crisis golpea también a las economías regionales del interior profundo. El Concejo Deliberante de Fiambalá debió declarar por unanimidad la emergencia turística ante la caída estrepitosa de la demanda y el endeudamiento de los prestadores, requiriendo auxilio urgente a organismos como ARCA y FOGACAT, en medio de disputas con Tinogasta por la radicación de la zona franca departamental.
En el plano legislativo, el oficialismo profundizó el bloqueo institucional al frustrar por tercera vez en el período ordinario la sesión de la Cámara de Diputados por falta de quórum. La ausencia de consensos en la Comisión de Labor Parlamentaria frenó el tratamiento de proyectos esenciales sobre endeudamiento familiar, discapacidad y pedidos de informes sobre estafas piramidales no fiscalizadas como la denunciada en Fiambalá.
El distanciamiento entre las prioridades oficiales y las necesidades territoriales debilita la figura de Raúl Jalil en Catamarca. Con uniformados heridos en controles precarios, municipios declarados en emergencia y familias endeudadas ante salarios de subsistencia, la comunidad reclama que el Poder Ejecutivo abandone la especulación política en Buenos Aires y resuelva las urgencias estructurales de la provincia.
