El escenario político y social en los departamentos del interior expone un marcado deterioro institucional que cerca al Gobierno de Catamarca. Desde el oeste cordillerano hasta los valles y el este provincial, la acumulación de deudas operativas en servicios esenciales, acuerdos salariales fijados por decreto y la falta de respuestas a demandas comunitarias históricas configuraron un patrón de desatención administrativa que profundiza las fricciones entre el Ejecutivo provincial y las poblaciones locales.
Uno de los puntos de mayor tensión institucional estalló en las escuelas de Fiambalá, donde la comunidad educativa denunció deudas comerciales de hasta 5 millones de pesos para comprar alimentos y sostener los comedores escolares. Familias autoconvocadas señalaron que los fondos del Ministerio de Educación no contemplan el costo logístico de flete ni la inflación del interior, donde los precios duplican a los de la Capital, obligando a directivos a comprar fiado para alimentar a los alumnos que asisten a jornada completa.
La crisis en el interior también adquirió ribetes gremiales en el municipio de Recreo. Allí, la seccional de ATE rechazó un aumento unilateral de 20.000 pesos otorgado por el intendente Luis Polti al calificarlo de irrisorio, denunciando que más del 95% de las remuneraciones se abona con sumas no remunerativas y que existen haberes que no alcanzan el piso de subsistencia, situación que motivó advertencias de paros y movilizaciones por la ausencia de paritarias formales.
A este cuadro de asfixia salarial se sumó el diagnóstico financiero expuesto por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La entidad alertó que la provincia ocupa el tercer lugar nacional en morosidad crediticia, con 480 de cada mil habitantes endeudados por montos promedio de 1,5 millones de pesos, un síntoma de que los sueldos corrientes no logran cubrir la canasta básica mientras los comercios y hogares recurren a pasivos insostenibles para costear gastos cotidianos.
Parálisis en obras preventivas, reclamos sanitarios y descontento minero
La falta de planificación preventiva del Ejecutivo que encabeza Raúl Jalil también sumó reclamos en materia hídrica y de salud pública en Santa Rosa. Pobladores de Bañado de Ovanta alertaron por el riesgo inminente de inundaciones ante defensas de río paralizadas, mientras en Los Altos las autoridades debieron activar operativos de emergencia tras detectarse roedores portadores de Hantavirus en Manantiales, evidenciando demoras en los diagnósticos ambientales previos a la temporada de lluvias.
En simultáneo, la conflictividad territorial escaló en la Puna catamarqueña a raíz del avance exploratorio en Peñas Negras. Mientras directivos mineros denunciaron intimidaciones en su domicilio particular, comunidades originarias mantienen la resistencia sobre las cuencas de Laguna Blanca denunciando la falta de consulta previa y la presencia policial en los parajes cordilleranos, en un contexto donde el Colegio de Graduados en Nutrición advirtió además sobre el avance del intrusismo profesional sin controles en redes.
El simultáneo estallido de reclamos en Fiambalá, Recreo, Santa Rosa y la Puna deja al descubierto la debilidad de las respuestas coordinadas por el Gobierno de Catamarca. Con escuelas rurales endeudadas, ingresos licuados por la inflación y comunidades movilizadas en defensa de sus recursos, la administración provincial enfrenta una creciente presión social que interpela la gestión del gabinete de cara a las demandas más urgentes del interior.
