El pedido de achicamiento de la estructura legislativa y la exigencia de fijar un límite estricto de ministerios expusieron los duros cuestionamientos de la oposición frente a la proliferación de cargos en la provincia. El planteo reformista propuso eliminar 30 bancas en la Legislatura y recortar la planta de asesores fuera de nivel, apuntando contra el costo de la gestión de Raúl Jalil.
Las críticas hacia el gobernador Raúl Jalil fueron encabezadas por el exlegislador Hugo Ávila, quien señaló que la administración provincial llegó a contar con 18 ministerios. El dirigente denunció que el Gabinete se sobredimensionó con la creación de secretarías, subsecretarías y direcciones que incrementan la carga sobre las cuentas públicas, mientras se calculan en más de 3.000 los contratos de asesores jerárquicos en Catamarca.
Esta propuesta de reducción del gasto político busca liberar partidas presupuestarias para destinarlas de manera prioritaria a la recomposición salarial y operativa de las áreas de salud, educación y seguridad. El reclamo coincide con el descontento de los profesionales sanitarios y de los operarios de Vialidad Provincial, quienes sufren el estancamiento de sus ingresos y la falta de insumos de trabajo.
El contraste entre la expansión de la nómina de funcionarios y el abandono de los servicios esenciales profundiza la controversia sobre la distribución del gasto estatal. Mientras los entes provinciales enfrentan deficiencias de personal técnico y recursos logísticos en los departamentos del interior, la dirigencia política exige reducir los privilegios de la plantilla gubernamental.
Sobredimensionamiento del Gabinete y duras objeciones a la gestión de Raúl Jalil
Las principales observaciones de referentes opositores y sectores de trabajadores públicos se concentraron en la falta de austeridad del Poder Ejecutivo ante el contexto inflacionario. Cuestionan que el Gobierno sostenga ministerios y direcciones sin funciones operativas claras mientras se restringen los presupuestos para las postas de salud y el mantenimiento de los caminos rurales.
De igual manera, el proyecto de reforma propone restringir la integración de la Corte de Justicia de siete a tres miembros y fijar un tope constitucional de 200 asesores para todo el territorio. Criticaron que el oficialismo no imponga límites normativos al nombramiento discrecional de colaboradores en los organismos descentralizados y la administración central.
La presión para achicar el costo de la política marca el ritmo de las discusiones institucionales en la agenda parlamentaria. Ante el reclamo de mejoras salariales en las prestaciones básicas del Estado, la oposición exige congelar nombramientos y auditar los nombramientos jerárquicos en la gestión de Raúl Jalil.
