El gobernador Raúl Jalil encuentra en Neuquén un antecedente para revisar la relación entre la minería y el aprovechamiento del agua en Catamarca. La provincia patagónica impulsa un mecanismo para que las petroleras inviertan en actividades agropecuarias a cambio de beneficios vinculados al canon hídrico. La iniciativa abre una pregunta para el Gobierno catamarqueño: ¿por qué no promover un esquema semejante con las grandes compañías mineras?
La propuesta neuquina busca transformar parte de las obligaciones económicas asociadas al consumo de agua en inversiones productivas. El objetivo es incentivar proyectos agrícolas, ampliar superficies cultivadas y fomentar tecnologías que mejoren el aprovechamiento del recurso. El planteo ofrece una alternativa para que las actividades extractivas contribuyan también al desarrollo de otros sectores económicos.
Catamarca presenta características diferentes, pero comparte una realidad: el agua constituye un recurso estratégico para su desarrollo. Los emprendimientos de litio requieren distintas formas de aprovechamiento hídrico, mientras numerosas localidades dependen de sistemas de riego para sostener sus actividades agrícolas y ganaderas. La convivencia entre estas necesidades exige planificación, controles y decisiones sobre la distribución de los beneficios económicos.
La legislación catamarqueña y las obligaciones mineras
La provincia cuenta con herramientas legales para administrar el recurso. La Ley de Aguas 2577 establece que el agua pública debe utilizarse racionalmente y regula las concesiones destinadas a establecimientos industriales y mineros. Además, su artículo 234 contempla el cobro de un canon por el aprovechamiento del agua pública. El Decreto 1148/2010 aprobó un modelo de cobro de ese canon. ?
El interrogante para la administración de Raúl Jalil es cuánto pagan actualmente las compañías mineras por utilizar agua, qué volúmenes tienen autorizados y qué inversiones productivas podrían impulsarse mediante incentivos específicos. La legislación contempla concesiones y obligaciones, pero el debate abierto por Neuquén incorpora una dimensión adicional: cómo convertir parte de los beneficios de la actividad extractiva en oportunidades para otros sectores.
En departamentos como Antofagasta de la Sierra y Belén, donde conviven proyectos mineros con actividades tradicionales, la discusión adquiere especial importancia. Mejorar sistemas de riego, construir infraestructura hídrica y fortalecer emprendimientos agropecuarios podría formar parte de una política de desarrollo territorial. Estas iniciativas requerirían estudios técnicos que garanticen la disponibilidad de agua y la preservación de los ecosistemas.
El Gobierno provincial promueve inversiones mineras de gran magnitud. Entre los proyectos recientes aparecen ampliaciones vinculadas a Rio Tinto y nuevas inversiones de empresas internacionales dedicadas al litio. El crecimiento del sector plantea la necesidad de publicar información accesible sobre las concesiones hídricas, los controles ambientales, los cánones efectivamente cobrados y el destino de esos ingresos. ?
La decisión de Neuquén instala una discusión que Raúl Jalil y su Gobierno tienen la oportunidad de abordar en Catamarca. La provincia dispone de recursos mineros valiosos, pero también de territorios donde el agua resulta indispensable para conservar actividades productivas históricas. El desafío es establecer mecanismos transparentes para que el aprovechamiento del recurso genere beneficios duraderos, más allá de la explotación minera.
