Luego de la contundente aprobación de la Ley Micaela por parte del Poder Legislativo, el gobierno ultima detalles para su implementación. En ese sentido, se está definiendo la instrumentación de esta ley, la cual establece la capacitación obligatoria sobre violencia de género. Dicha capacitación está dirigida a todas las personas que desempeñan un cargo público en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Estamos trabajando en la reglamentación de la Ley Micaela para que rápidamente en el ámbito del Poder Ejecutivo podamos implementar las capacitaciones. Inclusive avanzamos ya en un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán que se denominará “Capacitación básica en cumplimiento de la ley Micaela para la administración pública provincial”, indicó Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia.
De acuerdo a la normativa, el Ministerio de Gobierno y Justicia será el que se encargará de su aplicación. Con respecto a las capacitaciones, estarán a cargo de un grupo de técnico profesional integrado por las Secretarías de la Mujer y Derechos Humanos. Son ellos quienes de forma conjunta, se encargarán de crear un plan de acción, controlar y desarrollar firma de convenios. Además, contarán con la participación del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer.
Origen de la Ley Micaela
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una jóven entrerriana de 21 años de edad, quien fue víctima de un femicidio. La joven militante de del Movimiento Evita, fue asesinada a manos de Sebastián Wagner. A partir de allí, comenzó un gran movimiento para le implementación de la misma, la cual fue promulgada el 10 de enero de 2019. Actualmente, a esta ley ya adhirieron todas las provincias y más de 600 municipios.
En Tucumán, el parlamento la sancionó el pasado jueves, por una contundente victoria, con 39 votos a favor y 8 en contra. Un día después, el mandatario provincial se encargó de promulgarla. A través de su implementación, se buscará transmitir herramientas e información en cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. En ese sentido, desde el gobierno, piensan que esta es una gran oportunidad para la provincia. “Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado”, publicaron en su página web.
