Sergio Massa aseguró que las provincias “perderían en total más de $180 mil millones” por la reducción de fondos coparticipables. El presidente de la Cámara de Diputados señaló: “A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que Alberto Fernández deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó este domingo sobre “las consecuencias” que implicará para las provincias la decisión de la tomada por oposición. Actitud, que llevó a rechazar el Presupuesto 2022. Al respecto agregó: “Ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias”.
Al respecto consideró que “son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente”. En ese informe se describe cómo el rechazo al proyecto provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias y los municipios.
“Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos que reciben cada mes”, agrega Massa. Señala que el documento “en principio perderían en total más de $ 180 mil millones. Monto que, incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional”, añadió según TÉLAM.
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados $246.000 millones. En diciembre de 2019, el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % las alícuotas de este tributo. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.
