(Catamarca).- Un violento arrebato ocurrido en el sur de la Capital volvió a poner en discusión la inseguridad en Catamarca, luego de que dos hombres imputados como coautores del hecho recuperaran la libertad por decisión de la Justicia. La medida fue dispuesta por el juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, quien rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para confirmar la detención de Rodrigo Alejandro Herrera y Franco Matías Yramay.
El episodio investigado ocurrió el 10 de agosto, alrededor de las 7.50, sobre calle Gobernador Aramburu, entre Coronel Vildoza y Gobernador Pedro Cano. Según la imputación fiscal, ambos acusados se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas cuando Yramay habría detenido el vehículo y Herrera habría descendido para intentar arrebatarle la cartera a una mujer. Durante el forcejeo, el hombre habría arrojado a la víctima al suelo antes de escapar junto a su acompañante.
La denuncia sostiene que dentro de la cartera había una computadora portátil, un teléfono celular, documentación y otros efectos personales. Después del hecho, los dos sospechosos fueron vinculados a la investigación y el Ministerio Público Fiscal consideró que existían riesgos procesales y posibilidad de entorpecimiento de la pesquisa. Por ese motivo, el fiscal de Instrucción N°6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, solicitó que la detención fuera confirmada.
Inseguridad en Catamarca: qué decidió la Justicia y qué restricciones deberán cumplir
La defensa oficial, representada por Miguel Nieva, se opuso al planteo fiscal y solicitó la libertad de sus asistidos. Luego de escuchar a las partes, el juez Vaccaroni decidió no confirmar la detención y ordenó la inmediata libertad de Herrera y Yramay, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes y realizada la constatación médica.
La resolución, sin embargo, no implicó que la investigación quedara cerrada ni que los imputados fueran desvinculados del expediente. Ambos deberán fijar domicilio y aportar un número telefónico, además de presentarse todos los lunes entre las 8.30 y las 12.30 ante la Fiscalía de Instrucción N°6. También tienen prohibido acercarse a la víctima, a su grupo familiar y al domicilio de la mujer.
El caso vuelve a instalar una discusión sensible sobre la inseguridad en Catamarca, especialmente por la modalidad del hecho denunciado y por el contraste entre la violencia relatada en la acusación y la decisión judicial de permitir que los imputados continúen el proceso en libertad. No obstante, la resolución responde a una instancia procesal y no determina la responsabilidad penal definitiva de los acusados, que deberá establecerse a medida que avance la investigación.
Mientras tanto, el expediente continúa en manos de la Justicia y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas podría derivar en un nuevo pedido de revocación de la libertad. El episodio deja así abierto el debate sobre la respuesta institucional frente a los robos violentos, la protección de las víctimas y los mecanismos utilizados para garantizar que una investigación pueda avanzar sin riesgos de entorpecimiento. La preocupación por la inseguridad en Catamarca vuelve a quedar, de este modo, vinculada a un caso concreto que todavía deberá atravesar las distintas etapas del proceso judicial.
