El repentino desplome de la aplicación financiera GSFAR reactivó el impacto de las estafas piramidales en Catamarca. Miles de ahorristas del interior provincial quedaron atrapados tras el bloqueo de sus cuentas virtuales, en una maniobra que afectó a pobladores de Fiambalá, Recreo y Santa María, reavivando el fantasma social que dejó el caso de Adhemar Capital sin que los organismos estatales lograran prevenir una nueva catástrofe económica.
La operatoria se expandió con celeridad en el departamento Tinogasta mediante la promesa engañosa de duplicar inversiones a corto plazo vinculadas a supuestas energías renovables. Con el correr de las semanas, los administradores financiaron asados masivos con cartelería oficial en las instalaciones del Club Defensores de Fiambalá para captar adherentes, conformando grupos de mensajería que reunieron a más de 800 personas simultáneas que canalizaban transferencias bancarias a través de intermediarios locales.
En las últimas horas, la plataforma cerró sus canales de soporte y congeló el retiro del capital depositado por los usuarios. La situación generó escraches públicos en redes sociales contra vecinos que colaboraron en el reclutamiento de participantes, mientras la Comisaría de Fiambalá y la Jefatura de Zona J de la Policía provincial debieron emitir folletos preventivos cuando el daño patrimonial ya se encontraba plenamente consumado.
Pese a la magnitud de los fondos comprometidos en los departamentos del oeste y el este provincial, la Justicia penal no registraba denuncias formales en la sede central capitalina. Fuentes locales atribuyen este silencio inicial al desconcierto general y al estigma social que atraviesan los damnificados, quienes temen quedar expuestos tras perder los ahorros familiares en sistemas fraudulentos de captación masiva.
Silencio de las áreas económicas y tardía reacción oficial ante el fraude
La caída de la aplicación financiera dejó al desnudo la pasividad de los ministerios y dependencias de fiscalización del gobernador Raúl Jalil. Vecinos de las zonas damnificadas cuestionaron que las áreas de Defensa del Consumidor e Inspección de Personas Jurídicas no realizaran auditorías preventivas en los clubes ni en las redes digitales, permitiendo que la firma operara libremente en eventos comunitarios sin exigir acreditaciones legales ni controles impositivos elementales.
A este cuadro de desprotección se añade la postergación de debates de fondo en la Cámara de Diputados provincial. Con sesiones legislativas suspendidas por falta de quórum del oficialismo, los pedidos de informes y las normativas destinadas a sancionar estas prácticas irregulares permanecen archivados, dejando a las localidades del interior desprovistas de mecanismos de detección temprana frente a corporaciones clandestinas que captan fondos públicos sin autorización.
El desenlace de este nuevo fraude digital confirma la vulnerabilidad de las economías familiares frente a las estafas piramidales en Catamarca. Con cientos de damnificados desesperados por el bloqueo de su dinero y dependencias policiales limitadas a difundir recomendaciones tardías, la ciudadanía reclama que la Casa de Gobierno abandone la indiferencia institucional e implemente medidas urgentes para frenar la proliferación de esquemas financieros engañosos.
