El conflicto entre la Minera Agua Rica y el Gobierno con los manifestantes de Andalgalá es cada vez peor. Las protestas pacíficas se han vuelto constantes revueltas. Los asambleístas se enfrentan a diario con la policía o con sus propios vecinos. La oposición culpa a Raúl Jalil por los conflictos sociales, mientras que el Frente de Todos cargó de lleno contra la UCR, y señalaron que el anterior Gobierno “trajo la minería a Catamarca y se encargó con sus acciones de que la sociedad le dé la espalda, ahora quiere echar culpas para otro lado”
El que salió a hablar fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcelo Murúa, que salió de la presidenta de la la Unión Cívica radical en la provincia, Marita Colombo. La dirigente había salido a cuestionar con dureza la política minera llevada adelante por el primer mandatario provincial. Además sostuvo que no acompañará al Gobierno a dialogar con los asambleístas de la localidad donde busca instalarse Agua Rica.
“Como muchas veces pretende situarse en la posición de sobrevuelo, como si nada tuviera que ver con las acciones del pasado. Creo que no es más que una declaración de objetivos cumplidos por parte de su espacio político y fruto de la política que llevaron a cabo en materia minera cuando gobernaron 20 años la provincia de Catamarca”, señaló el legislador del FdT. Además señaló que no le extrañaba que la oposición no apoye el diálogo de Jalil. “Nunca apoyaron nada”, espeto.
“Si Andalgalá está en esa postura de no aceptar o no querer recibir una explotación minera, mucho tiene que ver con el antecedente que tuvo la única explotación de esa magnitud como fue Bajo La Alumbrera, en donde la política estatal, desde 1995 hasta 2011, fue que la empresa hiciera lo que quiera”, señaló Murúa haciendo responsable al gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, por el actual conflicto.
“El gobierno del FCS nunca exigió, ni controló que la mano de obra que se tome tenga alto porcentaje de catamarqueños, ni que se fomente a los proveedores locales. Dejaron que se dilapiden los recursos de regalías; hasta 2003 las gastaba el Poder Ejecutivo, luego instauraron un sistema de distribución secundaria que atomizaba el recurso y nunca hubiera permitido, por más que todos los intendentes lo administraran de manera eficiente, que se hicieran las obras que pudieran aportar al desarrollo sustentable del oeste”, señaló el parlamentario.
