Raúl Jalil repite con obstinación que el 50% de los ciudadanos de Catamarca le reclama un acuerdo incondicional con la Casa Rosada, un guarismo que el propio gobernador no respaldó con encuestas públicas ni auditadas. Esa falta de transparencia, junto con su defensa del régimen de incentivo a las grandes inversiones mineras y su embestida contra las PASO, alimenta las sospechas de que el mandatario prioriza un proyecto político nacional por sobre los intereses de la provincia.
La repetición sistemática de ese porcentaje funciona como el eje del discurso público de Raúl Jalil. Sin embargo, el origen del número sigue siendo un misterio y la ciudadanía nunca accedió a los estudios que supuestamente lo validan. El hermetismo en torno a los datos le permite a Raúl Jalil esquivar el debate sobre el contenido real del alineamiento que impulsa y sobre los beneficios concretos que ese acercamiento le traería a Catamarca.
Esa construcción discursiva es leída en la provincia como una plataforma de autopromoción. Distintas definiciones del gobernador parecen calculadas para ganar la aprobación de funcionarios nacionales más que para resolver los problemas cotidianos de los catamarqueños. La ambición de abandonar el distrito para ocupar un cargo relevante en la estructura nacional es una lectura recurrente entre sus críticos, que interpretan su alineamiento como una estrategia de posicionamiento individual antes que como un mandato popular genuino.
Minería y elecciones, dos frentes de tensión
En el plano económico, Raúl Jalil celebra con optimismo que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aceleró la llegada de capitales mineros. Al mismo tiempo, guarda silencio sobre los magros beneficios que esas explotaciones dejan en las arcas provinciales. Cuando plantea que cada jurisdicción debe atender su realidad política, sus detractores advierten que naturaliza una dependencia de la minería que favorece sobre todo a un puñado de empresarios foráneos.
La ofensiva contra las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es otro capítulo del distanciamiento de Raúl Jalil con los mecanismos de participación. El gobernador embiste contra ese sistema con el argumento de que representa una encuesta excesivamente cara para el erario público. En su lugar, propone que los partidos definan candidatos mediante acuerdos de élite o internas sin fiscalización ciudadana, una postura a la que sus opositores acusan de concentrar la decisión en cúpulas cerradas y de alejarla del soberano.
Para el arco crítico del gobernador, la verdadera motivación detrás de la antipatía hacia las primarias es blindar su armado provincial y eliminar cualquier sorpresa electoral que pueda jaquear su hegemonía en el distrito. El retroceso institucional que implicaría el regreso a los conciliábulos partidarios no fortalece la identidad de las organizaciones, sino el poder de los jefes territoriales.
Los cuestionamientos que enfrenta Raúl Jalil confluyen en una misma lectura: el número mágico del cincuenta por ciento, la exaltación del extractivismo y la presión contra las PASO serían capítulos de una misma estrategia orientada a venderse como un socio confiable para la administración nacional. Mientras tanto, en Catamarca la provincia queda reducida, según sus detractores, a un mero escalón en la carrera de un gobernante que mira más a Buenos Aires que al interior de su propia tierra.
