Una marcada contradicción entre los anuncios oficiales y el retroceso del empleo formal puso en el centro del debate a la administración de Raúl Jalil en Catamarca. Mientras el mandatario provincial asegura públicamente que la provincia atraviesa un proceso expansivo productivo, industrial y minero con atracción de inversiones, los relevamientos territoriales documentan el cierre definitivo de plantas manufactureras, suspensiones masivas de personal y un deterioro en cadena sobre las economías locales del interior.
El contraste quedó expuesto tras el informe del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), que ubicó al territorio catamarqueño entre las jurisdicciones más golpeadas del país, registrando al menos seis establecimientos fabriles cerrados. Este derrumbe impacta especialmente en la confección y el calzado, donde la caída de la actividad no solo anula puestos formales directos, sino que desata un efecto dominó que destruye talleres familiares y comercios de cercanía en localidades pequeñas e intermedias que carecen de alternativas de inserción laboral.
A este escenario de parálisis manufacturera se sumó la situación en el parque industrial de la Capital, donde la firma RA Intertrading debió suspender a la mitad de su dotación de operarios para evitar despidos definitivos. La medida patronal refleja la fragilidad del régimen fabril promocionado por el Ejecutivo, exponiendo cómo la falta de consumo y la recesión general arrastran a las empresas radicadas a recortar horas de producción y licuar los ingresos de las familias asalariadas.
La pérdida sostenida de fuentes de empleo formal se combina de manera directa con un alarmante nivel de endeudamiento familiar. Sin ingresos estables debido a suspensiones o despidos, los trabajadores recurren al crédito para cubrir necesidades básicas insatisfechas, una situación de vulnerabilidad social que se agrava ante los aumentos en las facturas de servicios esenciales como la luz y la falta de programas de auxilio financiero accesibles para la clase trabajadora.
Cierres de plantas, salarios precarizados y las tensiones productivas
El deterioro del aparato productivo no se limita a la actividad privada, sino que se replica en el manejo salarial del propio Estado provincial. En la misma semana en que se conocieron las suspensiones textiles, la mesa de negociación con las fuerzas de seguridad colapsó luego de que el gobernador ofreciera apenas un 8% de incremento frente al 80% demandado en puntajes, manteniendo a más de 2.000 efectivos policiales cobrando sumas informales “en negro” a través del cuestionado ítem nivelador.
Este esquema de ingresos deprimidos se reproduce en los municipios, donde acuerdos paritarios en cuotas dejaron al descubierto la existencia de más de 5.600 empleados bajo condiciones de extrema precarización laboral. La combinación de sueldos depreciados en el sector público y cierres de establecimientos industriales debilita de forma constante la demanda agregada, paralizando la actividad comercial y profundizando la dependencia de las familias respecto de la asistencia social en los departamentos del interior.
La brecha entre las declaraciones institucionales y la realidad fabril desmorona el relato de crecimiento impulsado por Raúl Jalil en Catamarca. Con galpones industriales cerrados, plantas textiles que reducen personal y trabajadores endeudados para sostener gastos corrientes, la gestión provincial enfrenta severos cuestionamientos por la falta de un plan económico integral capaz de blindar los puestos de trabajo existentes frente a la recesión.
