Un controvertido acuerdo institucional entre la Casa Rosada y el Poder Ejecutivo provincial habilitó formalmente el cobro de peajes en rutas nacionales en Catamarca. El gobernador Raúl Jalil pactó con el presidente Javier Milei el traspaso de más de 180 kilómetros de corredores viales estratégicos que cruzan el territorio provincial, incluyendo una cláusula especial que faculta a la administración local a concesionar los tramos e instalar cabinas de cobro sin fijar ningún límite a los valores tarifarios.
El entendimiento sellado por el mandatario contempla que la Provincia asuma la totalidad de los costos de reparación y mantenimiento sobre 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38, además de otros 114,4 kilómetros correspondientes a las trazas de las rutas nacionales 60 y 157. Con el argumento oficial de financiar esas tareas de infraestructura con recursos locales, la cláusula tercera del convenio abrió la puerta para privatizar la gestión del tránsito mediante barreras aranceladas.
La habilitación encendió fuertes suspicacias en el arco político local por la presunta adjudicación directa de este esquema a grupos empresariales afines al oficialismo. Versiones directas apuntan a la firma Guido Mogetta S.A., corporación que concentra la obra pública en el distrito, provee al sector minero y recientemente obtuvo la concesión de peajes en la autopista Rosario-Córdoba bajo la órbita de las privatizaciones impulsadas por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo.
En los despachos legislativos advierten que el traspaso de estas rutas funcionó como moneda de cambio política de Jalil frente al Ejecutivo libertario. La concesión sin topes tarifarios habría servido como prenda de negociación para asegurar los votos de los legisladores catamarqueños en proyectos de interés de Milei en el Congreso, entre los que figura la derogación de las elecciones primarias, profundizando el alineamiento entre ambas gestiones.
Tarifas sin tope, traspaso sin fondos y el avance del Grupo Mogetta
La delegación de corredores nacionales hacia la órbita catamarqueña expone un severo perjuicio fiscal para los automovilistas y transportistas de la región. En lugar de exigir que la Dirección Nacional de Vialidad ejecute las partidas presupuestarias que le corresponden por ley para reparar calzadas destruidas, el Gobierno provincial convalidó un esquema que descargará el financiamiento de las obras sobre el bolsillo de los usuarios mediante peajes obligatorios.
El avance de esta medida robustece la concentración económica del denominado Grupo Mogetta dentro de los negocios regulados por el Estado. Tras dominar licitaciones de construcción vial, transporte y explotación agropecuaria provincial, la empresa da un paso decisivo para quedarse con la explotación comercial de las principales vías de comunicación interprovinciales, consolidando un monopolio sobre la infraestructura vial con el aval explícito de la Casa de Gobierno. El convenio bilateral reconfigura el mapa vial y desata una fuerte polémica ante la inminente instalación de peajes en rutas nacionales en Catamarca.
