La acumulación de conflictos salariales y la retracción del consumo profundizaron las críticas hacia el Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. En una misma semana, el descontento de la docencia universitaria ante una suba del 3%, el veto a beneficios laborales en Valle Viejo y el derrumbe de hasta un 20% en las ventas de las farmacias conformaron un escenario de marcada fragilidad económica y tensión social.
El frente educativo exhibió el desfasaje en los ingresos que denuncian los trabajadores de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Con un atraso estimado en el 33,4% y medidas de fuerza de 48 horas ratificadas por los gremios docentes y nodocentes, legisladores oficialistas advirtieron que los sueldos quedaron severamente relegados frente al costo de la comida y los servicios públicos esenciales.
Este ahogo financiero tuvo su correlato inmediato en la actividad comercial cotidiana del Valle Central. Desde el Colegio de Farmacéuticos advirtieron que la caída de entre el 15% y el 20% en el expendio de medicamentos responde de forma directa a la pérdida del poder adquisitivo, obligando a las familias a recortar tratamientos médicos mientras los comercios enfrentan costos fijos crecientes.
El deterioro de los ingresos se trasladó al plano institucional de los municipios del área metropolitana. En Valle Viejo, el veto total a la ordenanza que establecía un reconocimiento extraordinario de haberes por antigüedad para la planta comunal desató acusaciones cruzadas por la falta de recursos y el incumplimiento de las normativas de equilibrio fiscal.
Conflictos en los municipios y falta de auxilio financiero provincial
Las tensiones en las comunas desnudaron las limitaciones del esquema distributivo que comanda Raúl Jalil. Mientras en el oeste el Concejo Deliberante de Belén denunció que la mitad del personal del área de obras públicas revista en calidad de becados sin cobertura médica ni elementos de seguridad adecuados, el Poder Ejecutivo provincial elude transferir auxilio presupuestario directo para regularizar las plantas municipales.
A este cuadro de precarización se añade la disputa territorial generada tras la media sanción de la Zona Franca en el Senado, aprobada sobre tablas y resistida por comunidades que reclaman ser escuchadas antes de la votación en Diputados. Desde distintos sectores señalan que el Gobierno central prioriza gestiones de ajuste y acuerdos legislativos rápidos en lugar de intervenir ante el deterioro generalizado de los ingresos.
El cruce de demandas laborales y comerciales confirma la magnitud de los desafíos para el Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. Con claustros paralizados por medidas de fuerza, mostradores que registran mermas en artículos de primera necesidad y administraciones municipales sin fondos para responder a sus empleados, la ciudadanía exige medidas urgentes que frenen la pérdida del poder adquisitivo en la provincia.
